Salvo error u omisión, el comité calificador de los candidatos a ministros de la Corte Suprema debe hacerlo distribuyendo equitativamente los 32 puestos disponibles, entre tres fuentes fundamentales, como así lo ha percibido la ciudadanía de los reportes de los medios de  comunicación, y ellos son:
1) Jueces de la Función Judicial desde el nivel de cortes superiores hacia abajo. 2) Los doctores en Derecho, promovidos por facultades de Jurisprudencia del país, certificados por Conesup. 3) Doctores en Derecho en el libre ejercicio de la profesión, de intachable hoja de vida, promocionados por las instituciones de la sociedad civil.

De la indicada distribución, la parte más preocupante la constituye la relativa a la fuente de los doctores jueces de la Función Judicial desde el nivel de las cortes superiores hacia abajo. Y es preocupante, por la noticia pública, que existen más o menos cinco mil juicios represados que deberán subir a la Corte Suprema y donde los nuevos ministros ascendidos, al conocer los casos que estuvieron en sus manos en la Corte Superior, por ética deberán excusarse, de tal manera que si el porcentaje de los ministros provenientes de la Corte Superior fuera mayor que el previsto, la justicia no se proveerá por el imperio de la ley sino por acuerdo o componenda entre excusados.

Mucho ojo, señores del comité calificador; si no se puede actuar con decoro, las repercusiones pueden ser de dimensiones imprevisibles.

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Ing. Salvador Loffredo Autheman
Guayaquil