El directorio político de Petroecuador posesionó ayer, pasadas las 20h00, a Luis Román Lasso como presidente ejecutivo de la estatal en reemplazo de Carlos Pareja, quien renunció a su cargo el miércoles pasado.

Es la tercera ocasión que Román llega a este cargo; la primera fue durante el gobierno de Rodrigo Borja y la segunda, en la administración de Fabián Alarcón.

El directorio estuvo completo al momento de designar al nuevo funcionario; Mauricio Gándara asistió como ministro de Economía encargado. Román tiene un título en administración de empresas y es ingeniero petrolero, actualmente maneja una consultora privada.

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Mientras, el procurador del Estado, José María Borja, respaldó ayer la legalidad del informe suscrito el martes por Carlos Pareja Yannuzzelli, quien se desempeñó hasta el miércoles como presidente ejecutivo de Petroecuador. El documento recomienda al ministro de Energía, Iván Rodríguez, que declare la caducidad del contrato suscrito entre el Estado y la estadounidense Occidental.

Tras participar en la cita “Estado de la Droga en el Ecuador y el Hemisferio”, efectuada en la Cancillería, Borja sostuvo que Pareja emitió su opinión en calidad de presidente ejecutivo de la estatal petrolera “y eso está en firme”. Ha cumplido, añadió, “con su deber, estaba facultado para ello y, además, el contrato le exigía que remita el proceso, con su opinión, al juez natural que es el Ministro de Energía”.

El Procurador, quien solicitó la caducidad del contrato el 24 de agosto del año pasado, insistió “que lo importante es cumplir con la Ley y que las consecuencias de no hacerlo solo existen para quienes las violan”.

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Instó, por ello, a Rodríguez a continuar con el trámite de caducidad basado en el pedido de la Procuraduría, los argumentos de Petroecuador y las pruebas de descargo presentadas por la compañía.

El Ministro deberá notificar a Occidental con el informe de Petroecuador y dar paso, así, a un nuevo periodo de argumentos de descargo. La Ley de Hidrocarburos no le fija un plazo.

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Pareja decidió recomendar la terminación del contrato porque Occidental no desvirtuó las causales de caducidad, notificadas el 15 de septiembre del 2004. Las más importantes: la transferencia del 40% de sus derechos accionarios en el bloque 15 a la petrolera canadiense Encana y la sobrexplotación petrolera (en la que reincidió).

Occidental negó todas las acusaciones y afirmó que ha cumplido con todas las obligaciones legales y contractuales establecidas.

Añadió, además, que ninguno de los alegatos del Estado tiene fundamento sólido, fáctico o jurídico y “no podrían constituir –por tanto– base para una causal de la caducidad del contrato”.

La petrolera privada aseguró que nunca transfirió a City (hoy Encana) ningún derecho ni título legal sobre el contrato de participación en el bloque 15 (campos Limoncocha y Edén Yuturi).

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Sin embargo, el analista jurídico Augusto Tandazo indicó que la contratista sí registró la transferencia en la United States Secury and Changes Comission de EE.UU.

Dentro de sus argumentos, Occidental insistió que la operación con Encana corresponde a un interés económico y que, para ello, no se requiere autorización del Ministerio de Energía.

Pareja afirmó, en cambio, que la Ley de Hidrocarburos señala claramente que “la transferencia de un contrato o la cesión, a terceros, de derechos provenientes de un contrato serán nulas y no tendrán valor alguno si no tienen la autorización del Ministerio de ramo”.

Occidental opera en el país desde el 25 de enero de 1985 cuando firmó un contrato de prestación de servicios; el 1 de julio de 1999 fue modificado a uno de participación.