La carretera interoceánica, un proyecto que permitiría  a Brasil conectarse con el Océano Pacífico en 2007 a través de territorio  peruano, ha generado una fuerte polémica en Perú por posibles sobrecostos, lo  que amenaza con demorar su realización pese al compromiso adquirido por el  presidente Alejandro Toledo.
  
El presidente Toledo puso en marcha el pasado 23 de junio el proyecto de la  Interoceánica, una carretera de 2.600 kilómetros que parte de Brasil y termina  en tres puertos del océano Pacífico, en Perú, y reiteró el 28 de julio su  compromiso en llevar adelante esta obra.
  
Del total, 1.100 km serán construidos en territorio peruano a un costo de  892 millones de dólares, según el mandatario.
  
La llamada de alerta la dio la semana pasada la Contraloría peruana, que  hizo varias observaciones al proyecto tal como fue anunciado por Toledo.
  
Su primera objeción es que habría una sobrevaloración en la obra ya que el  costo por kilómetro es más del doble de cualquiera de los otros proyectos de  características similares que realiza la estatal Pro Vías Nacional.
  
Pro Vías contestó a esa objeción señalando que no se ha tomado en cuenta  las difíciles condiciones climáticas de la selva ni la construcción de 320  puentes, la estabilización de taludes, y la construcción de cunetas y  drenajes.
  
En otro punto, la Contraloría aduce que el pago -que en virtud del  contrato, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) debe hacer  anualmente a los concesionarios por mantenimiento y obras- constituye el 44% de  sus gastos de inversión anual y el 52% de su presupuesto de 2005.
  
Adicionalmente la obra compromete gran parte del presupuesto del MTC de los  próximos 15 años, señala la Contraloría.
  
Igualmente estima la Contraloría que no se ha justificado técnicamente el  hecho que el Estado asuma parcialmente el riesgo financiero ni los riesgos  medioambientales, donde el Estado asumirá la responsabilidad por los daños y  perjuicios existentes antes del inicio de la obra.
  
De paso, la Contraloría señala que el estudio socioambiental no ha  considerado los efectos sociales y económicos de la explotación de la concesión  en el mediano y largo plazo, ya que será inminente el desplazamiento de  poblaciones hacia el eje vial, que generarán diversas actividades económicas  con el riesgo de que algunas sean ilegales, como plantaciones de coca o tala de  bosques.
  
Este lunes el diario Perú 21 citó una fuente gubernamental ligada al  proyecto que requirió anonimato y que señaló que el costo para el Estado  peruano no será de 892 millones de dólares sino que podría llegar a 1.142  millones de dólares.
  
Estos 250 millones de dólares adicionales corresponden, según la fuente, a  seguros, supervisión de la obra y mantenimiento.
  
Por su parte el dirigente político independiente Drago Kisic criticó el  hecho de que no se haya realizado un estudio de factibilidad técnica y  económica.
  
"Eso es algo que le corresponde al ministerio de Transporte en la parte  técnica y al ministerio de Economía en la parte financiera y de factibilidad, y  eso es lo que (el Estado) no quiere hacer", dijo.
  
"Me siento con el deber de exigir que se cumpla con estos dos requisitos",  en especial por la magnitud de la obra", añadió.
  
El ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski defendió por su parte el  proceso: "no hay sobreprecio. Hay una concesión, lo que se licita no es el  costo de la carretera, es cuánto se dará de subsidio en los años después de que  esté en funcionamiento", dijo.
  
Dijo que "las comparaciones se han hecho con carreteras en situaciones muy  distintas. Construir una carretera en la cual una buen parte está en la selva  tiene costos muy distintos".
  
La concesión de la obra fue entregada a empresas brasileñas y peruanas.