Con el veto parcial, hay más riesgo en crédito productivo

La intención del Gobierno, expresada a través del veto parcial a las reformas a la Ley de Responsabilidad Fiscal, de que la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Nacional de Fomento (BNF) otorguen créditos al sector productivo, incluidos quienes consten en la Central de Riesgo en categoría C, incrementa el riesgo de retorno de esos recursos.

El texto aprobado por el Congreso, el 15 de junio pasado, dispuso que la CFN (solo en calidad de banca de primer piso) y el BNF canalicen el fondo para los préstamos (el 35% del ex Feirep) en porcentajes iguales: 50% para el uno y 50% para el otro.

Los diputados excluyeron a quienes tengan calificaciones de riesgo C, D y E.

El veto plantea que las personas en categoría C, sí pueden acceder a los créditos y que la entrega del dinero “a través de la CFN y del BNF se efectuará independientemente de que las señaladas instituciones actúen como banca de primer piso (que entrega directamente el crédito) o segundo piso (que entrega a través de otras instituciones financieras)”. No habrá condonaciones, advierte el documento del Ejecutivo.

De acuerdo con la Central de Riesgo de la Superintendencia de Bancos (SB), la categoría C corresponde a “personas con ingresos deficientes para cubrir el pago del capital y sus intereses”. El Gobierno asume el riesgo e incluye a este grupo porque está integrado “por un porcentaje mayoritario de agricultores y pequeños empresarios”.

Pero la situación de las dos entidades financieras públicas no es la mejor. El índice de morosidad de la CFN, a mayo de este año, es del 41,88%, según la SB. El indicador del BNF es del 15,12%.

Esos niveles son seis y dos veces más altos, respectivamente, que el de la morosidad del sistema bancario privado, que, en las estadísticas de la SB, ese mismo mes, llega al 6,72%.

Ayer, este Diario intentó conocer cómo se garantizará el cobro, pero ni el gerente de la CFN, Rafael Silva, ni el del BNF, Álex Alcívar, estuvieron disponibles.

Fernando Pozo, presidente de la Asociación de Bancos, se muestra escéptico. Cuestiona el manejo político de las instituciones públicas y sostiene que “hay que hacerse una pregunta: ¿(los beneficiarios) no serán acaso los clientes que ya fueron rechazados por el sistema privado?”.