El parlamento unicameral de Ecuador eliminó este miércoles el fondo petrolero orientado al pago de la deuda pública, pero configuró trabas legales para evitar que los recursos liberados alimenten el gasto público y pongan en riesgo la estabilidad económica del país andino.

En total, 69 de los 72 diputados presentes en la sesión apoyaron la eliminación del FEIREP, un fondo autónomo que recibía los recursos por la exportación de crudo pesado y los orientaba mayoritariamente a financiar operaciones de pago y recompra de la deuda pública, que supera los 14.000 millones de dólares.

El FEIREP era visto por Wall Street como una garantía frente a la posibilidad de que la inestable nación andina incurra en una moratoria en el servicio de su deuda externa similar a la de 1999, un fenómeno recurrente en sus 175 años de vida republicana y que lo ha convertido en un paria en los mercados internacionales. 

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La legislatura aprobó incluir en el presupuesto estatal los 700 millones de dólares que estaba previsto que el FEIREP acumularía este año.La iniciativa contó con el apoyo de los principales partidos políticos, que acogieron la propuesta del presidente Alfredo Palacio, quien asumió el cargo en abril tras la destitución de su antecesor.

Pero, para evitar el aumento descontrolado del gasto público y amainar las críticas por el cese del FEIREP -un factor que ha golpeado la cotización de los bonos ecuatorianos- el parlamento prohibió, entre otras trabas legales, que estos capitales financien gastos corrientes, como sueldos.

La meta es impulsar obras de infraestructura con los inestables recursos petroleros, que no generen presiones sobre la caja fiscal, un temor que aumentó cuando, según estimaciones privadas, las actuales reservas petroleras de Ecuador se agotarían en 20 años de no mediar nuevos descubrimientos.

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"Me parece que es un paso importante que se ha dado con relación a manejar mejor los recursos estatales", dijo Luis Villacís, diputado del Movimiento Popular Democrático (MPD).   

Nuevas reglas para recursos petroleros

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El FEIREP había sido instaurado a fines del 2003, apoyado fervorosamente por los mercados financieros.

Palacio tiene 10 días para pronunciarse respecto al proyecto aprobado por la legislatura a partir de que lo reciba oficialmente, en lo que se constituiría en el primer paso de lo que, afirma el mandatario, es una política económica social.

El 35 por ciento de los recursos liberados del FEIREP irá a la reactivación productiva y cubrir eventuales operaciones de recompra de deuda. Otro 30 por ciento irá a proyectos sociales y un 15 por ciento a proyectos tecnológicos, viales y ambientales.

El restante 20 por ciento pasará a un fondo de ahorro que servirá para cubrir eventuales desfases fiscales. A excepción de este rubro que se manejará bajo la figura de un fideicomiso, los otros recursos ingresarán a una cuenta especial dentro del presupuesto para evitar transferencias a otros sectores.

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La resolución legislativa puso fin a la actual distribución del FEIREP: 70 por ciento se derivaban al pago del servicio de la deuda, y 30 por ciento se destinaba a proyectos sociales y cubrir baches presupuestarios. A pesar del giro en la política aplicada frente a los acreedores, Ecuador insiste en que no incurrirá en una moratoria.   

Conspiración de tenedores de deuda externa

Las críticas a la supresión del FEIREP, que han provenido desde bancos de inversión hasta el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), ha crispado al gobierno de Ecuador, que afirma ser víctima de una conspiración que busca desestabilizarlo y que está liderada por tenedores de la deuda externa.

El canciller Antonio Parra denunció que los acreedores buscan mantener el FEIREP porque los benefició al inflar los precios de sus títulos por sobre su valor nominal al asegurarles un mecanismo de pago, en lo que calificó "era un negocio redondo".

Parra no identificó a los tenedores involucrados ni los alcances de los supuestos ataques desestabilizadores.