Por pedido del ministro fiscal del Guayas y Galápagos (e), Santiago San Miguel Triviño, el presidente de la Corte Superior de Guayaquil, Gustavo von Buchwald, dictó la prisión preventiva contra Hernán Virgilio Vilema Guerrero, ex alcalde de San Cristóbal, y de otros funcionarios acusados de supuesto peculado.

Según la causa iniciada tras una denuncia de la Contraloría General del Estado, luego de un examen de obras contratadas por el Municipio de San Cristóbal, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 1999 y 15 de septiembre del 2003, se encontraron indicios de responsabilidad de peculado.

El examen refiere los trámites efectuados por la Municipalidad de San Cristóbal en la contratación de estudios de consultoría para el nuevo mercado municipal y la regeneración de la calle José de Villamil de Puerto Baquerizo (San Cristóbal).

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Durante las investigaciones, la Contraloría fue informada por el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas y del Ecuador que el contratista del nuevo mercado, el ingeniero Jorge Fernando Flores Moncayo, no se encuentra registrado como tal y que el número de registro que presentó pertenece al ingeniero civil José Antonio Hernández Baquero.

De igual forma la Secretaría Técnica del Comité de  Consulta manifestó que el ingeniero David Efrén Cortez Flores tampoco está registrado y que sus documentos son adulterados y pertenecen a otro profesional.

El alcalde Vilema y los otros funcionarios municipales afirmaron que los nombres de estos seleccionados fueron sugeridos por el ex director de Obras Públicas, Charles Romo Álava. Este a su vez replicó y dijo que el alcalde y el procurador síndico, Evoy Pazmiño de la Torre, los mencionaron.

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Von Buchwald ordenó la prisión del alcalde Hernán Vilema Guerrero, de Carlos González Bajaña, Francisco Guamanquisphe Zavala, Juan Becerra Hernández, Wilson Jerez Caiza, Carlos Gil Romero, Rita Galarza Guamanquisphe, Rocío Yari Moreta, Rubén Pazmiño de la Torre, Charles Romo Álava, Patricio Andrade Endara, Jorge Flores Moncayo y David Cortez Flores.