A un año de las elecciones, el tema de la reelección preocupa al actual presidente y a sus opositores.
A un año de las elecciones presidenciales, Colombia vive una agitada polémica en torno a la suerte de la ley que podría permitir al presidente Álvaro Uribe competir por su reelección, sumada a denuncias de la oposición sobre falta de garantías y actos de intimidación de paramilitares y guerrillas.
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El consejo electoral fijó el 28 de mayo del 2006 para la primera vuelta presidencial, en la que Uribe podrá aspirar a la reelección, tras una reforma constitucional aprobada por el Congreso en diciembre.
Pero esta enmienda aún debe ser validada por la Corte Constitucional, que tiene plazo para pronunciarse hasta noviembre, en un fallo que tiene en vilo a los otros posibles candidatos presidenciales.
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La aspiración de Uribe se basa en una popularidad del 70% según encuestas, gracias a resultados contra la violencia, pero acciones recientes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y la incertidumbre que rodea las negociaciones de paz con los paramilitares, complican el panorama.
Esa popularidad, sin embargo, no le sirvió a Uribe para convencer a comienzos de mayo a los principales congresistas de la coalición que apoyan al gobierno, de crear un partido propio.
Uribe también podría tener que modificar algunos aspectos de su política de mano dura contra los grupos violentos, que podrían desatar una ola de atentados preelectorales.
“Este año va a ser particularmente duro porque los grupos ilegales desplegarán toda su capacidad intimidatoria para influir en los resultados”, advirtió el politólogo Fernando Giraldo.
La oposición ha intentado sin éxito crear una alianza multipartidista para enfrentar a Uribe y reclama también una ley de garantías, que le limite la posibilidad de usar recursos estatales para conseguir el favor de los electores.
Una comisión del Congreso aprobó el martes una ley de garantías para las elecciones del 2006, considerada insuficiente por el partido Liberal.
Según la norma, las campañas serán financiadas en el 80% con recursos estatales y fija topes de esos gastos, regula donaciones y le restringe los actos públicos a los que puede asistir el presidente mientras aspira a la reelección.