Uruguay anunció este martes que sus ciudadanos requeridos a abandonar España serán defendidos ante los tribunales de justicia hispanos, en razón de la vigencia del Tratado de 1870, que obliga a ambos países a dar el mismo trato en materia de trabajo, documentación y asistencia social.
 
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Reynaldo Gargano, instó a través de medios radiofónicos a que los uruguayos que reciban la comunicación para abandonar España, como primera medida, tienen que ir al consulado de su país para denunciar la situación.
 
"El consulado va a interponer, como lo ha hecho hasta ahora, los recursos de amparo en torno a la vigencia del tratado de 1870 entre España y Uruguay", enfatizó el ministro.
 
Según Gargano, el "Tratado obliga a los dos países a dar el mismo tratamiento en materia de trabajo, papeles y asistencia social, tanto a uruguayos como españoles", añadió.
 
Dicho Tratado está vigente como consecuencia de la masiva emigración de españoles hacia Uruguay y otros países de América del Sur, a finales de los siglos XIX y XX, y ha sido reconocido últimamente por jueces españoles en varias oportunidades.
 
Gargano afirmó que espera que España "dé un trato recíproco al brindado, en su momento, por Uruguay a los ciudadanos españoles".
 
"Yo creo que los uruguayos hemos hecho algo muy importante por los españoles en las épocas duras. Ahora merecemos que nuestros ciudadanos sean tratados con decoro", insistió el canciller.
 
Por su parte, el director encargado del Departamento de Emigrantes de la Cancillería de Montevideo, Álvaro Portillo, afirmó a la emisora de radio "El Espectador", que se trata de casos puntuales de compatriotas que han denunciado las deportaciones pero aclaró que, aparentemente, no se trata de una acción masiva.
 
"Hay un endurecimiento relativo, pero no dramático, como también no dejar ingresar a pasajeros uruguayos que llegan a España como sospechosos de ser posibles inmigrantes", dijo.
 
"En ningún momento el gobierno ha renunciado a la vigencia del Tratado de 1870, que entiende que está plenamente vigente y, por lo tanto, debe cumplirse. En esto hay una situación de hecho, que es que el Estado español no lo está cumpliendo", añadió.
 
Explicó que, de acuerdo con las prácticas de las relaciones internacionales la situación obliga a un proceso de negociación permanente.
 
El Centro Uruguayo de Madrid denunció hoy en el diario "El País" de Montevideo, que "ya comenzaron a llegar cedulones (comunicaciones) de expulsión a aquellos inmigrantes que habiendo comenzado sus trámites no completaron los requisitos planteados por el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería española, que entró en vigor el pasado 8 de mayo.
 
Según publicó el diario, quienes son requeridos por las autoridades de inmigración españolas deben abandonar España en un plazo de 15 días, "por no llenar los requisitos", de regularización.
 
A esta denuncia se añade la de un pasajero uruguayo que fue devuelto desde el aeropuerto de Barajas, en Madrid, quien estaba de paso por la capital española para seguir viaje hacia Milán (Italia), donde permanecería invitado por un familiar directo.
 
La causa de la deportación, 16 horas después de aterrizar en Madrid, fue que "no tenía una carta con certificación notarial" de la invitación y que sólo contaba con 500 dólares, cuando se exige para poder entrar 80 euros por cada día de estancia.
 
Los pasajeros obligados a regresar a Montevideo anunciaron la interposición de acciones judiciales de resarcimiento ante las autoridades españolas y a las agencias de viajes que expidieron los pasajes, quienes argumentaron desconocer las nuevas exigencias del Gobierno español.