Como el “mayor proceso de afloramiento de economía sumergida en Europa de los últimos 40 o 50 años” fue considerada por las autoridades españolas la mayor regularización de inmigrantes de la historia de España, una gran parte de ellos de países latinoamericanos, que concluyó la noche del sábado.
Este proceso se ha convertido en la mayor operación de regularización de trabajadores inmigrantes puesta en marcha en España en las últimas décadas, con un número de solicitudes que supera incluso la suma de los seis procesos extraordinarios abiertos desde 1991, a los que se acogieron menos de 600.000 extranjeros.
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El proceso, pactado entre el gobierno, los sindicatos, la patronal y las ONG, arrancó el 7 de febrero, con una media de 1.800 peticiones diarias en la primera semana, pero se aceleró de manera constante a medida que se aproximaba el final del plazo.
La principal diferencia de este proceso de normalización respecto a otros anteriores fue la exigencia de un contrato de trabajo por un periodo mínimo de seis meses firmado por el empresario o empleador.
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Entre los documentos requeridos para acogerse al plan de regularización, los inmigrantes debían probar su estadía en España desde antes del 7 de agosto del 2004.
También debían carecer de antecedentes penales.
Los inmigrantes que, por no contar con contrato de trabajo o no estar empadronados antes del 8 de agosto, no se lograron acoger al proceso de regularización, unos 100.000 o 150.000 según datos oficiales, quedan ahora expuestos a la expulsión.