Aproximadamente unos 600.000 extranjeros, la mitad de ellos latinoamericanos, con un contrato de trabajo bajo el brazo, un certificado de antecedentes penales limpio de su país de origen y un certificado de empadronamiento que acreditase su entrada a España antes del 7 de agosto del 2004 incluido, solicitaron su permiso de residencia y de trabajo en España por un año renovable, según datos oficiales provisionales de ese país.