Aproximadamente unos 600.000 extranjeros, la mitad de ellos latinoamericanos, con un contrato de trabajo bajo el brazo, un certificado de antecedentes penales limpio de su país de origen y un certificado de empadronamiento que acreditase su entrada a España antes del 7 de agosto del 2004 incluido, solicitaron su permiso de residencia y de trabajo en España por un año renovable, según datos oficiales provisionales de ese país.

Sin embargo, esta cifra de solicitantes de papeles –que lideran ecuatorianos, rumanos, marroquíes y colombianos– que comenzarán a hacer aportes a la seguridad social española, es inferior a la cantidad de sin papeles que viven en este país, donde según datos comparativos oficiales viven 1,7 millones de extranjeros en situación irregular.

Estos trabajadores que dejarán de laborar ilegalmente, aportarán un mínimo de 118 millones de euros mensuales (152,2 millones de dólares) a la seguridad social, según cálculos que publicó esta semana el diario El País.

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Los ecuatorianos lideran la lista de solicitantes de papeles con 123.313 personas, según datos provisorios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De América Latina les siguen colombianos (48.745), bolivianos (33.121), argentinos (18.046), uruguayos (8.300) y brasileños (5.395).

Dos semanas antes del cierre del proceso se registró un aluvión de solicitudes.