Una vez que cancelaron 19.860,53 dólares de fianza, cada una, Gildegard Cerón Dávila y su hermana Carla Cerón Dávila, esposa y cuñada, del ex diputado Renán Borbúa,  respectivamente, pueden circular libremente porque se suspendió la orden de prisión preventiva que pesaba contra ellas.

Mediante providencia dictada el pasado 14 de marzo, la jueza 15ª de lo Penal, Silvia Orejuela Delgado, encargada del Juzgado 24º de lo Penal del Guayas, luego de constatar que las hermanas Cerón Dávila cancelaron en el Banco Nacional de Fomento (BNF) la fianza señalada, ordenó que la Policía se abstuviera de capturarlas.

En la causa penal 407-2004, que tiene 48 cuerpos, consta en fojas 4.786 y 4.787, los comprobantes de pago en el BNF de las fianzas calificadas según providencia del 10 de marzo pasado, a las 10h00 y 58 segundos. El pago fue realizado el día 11 de marzo, en la sucursal Guayaquil del BNF. Franklin Romero V., de la sección depósitos judiciales, recibió los valores.

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Carla Cerón (vicepresidenta administrativa de Pacifictel) y Gildegard Cerón, así como José Aragundi Navarrete y Jaime Cavero Ontaneda (jefe de servicios generales de Pacifictel) fueron involucrados en un supuesto peculado en Pacifictel, según el proceso penal iniciado en agosto del 2004.

Un examen de la Contraloría General del Estado, correspondiente al periodo de febrero del 2003 a junio del 2004, determinó las supuestas responsabilidades en un sobreprecio sobre contratos por la reparación de vehículos de Pacifictel.

Por falta de pruebas, al emitir su dictamen el fiscal Félix Moreno Wong se abstuvo de acusar a los imputados. Tras la consulta al superior del Ministerio Público, el ministro fiscal del Guayas, Walter Tomsich Pérez, los acusó como autores de peculado, y designó a Xavier Espinoza Esteves como nuevo fiscal del caso.

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Previo a calificar la fianza, la jueza Orejuela resolvió que el peculado cometido correspondía al de aquellas personas que laboran como empleadas públicas y que utilizan en beneficio propio algún lucro o incremento patrimonial. Para estas, explicó la jueza, el delito se sanciona con una pena de uno a cinco años de prisión.

El director regional 1 de Contraloría, Luis Moyano Alarcón, pidió que la jueza “revoque la providencia que calificó fianza”.

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ACUSADAS DE PECULADO

24 de agosto del 2004. 
 Llegó a la Sala de Sorteos de la Corte Superior de Guayaquil la instrucción fiscal que acusaba de peculado a Carla y Gildegard Cerón Dávila, así como a José Aragundi Navarrete y Jaime Cavero Ontaneda. La Contraloría determinó que en rubro imprevistos del 2004 en Pacifictel, entre el 12 de junio del 2002 y 30 de abril del 2004, se comprobó un sobreprecio en la contratación de un taller para reparar vehículos. Supuestamente se favoreció al taller GCD, de Aragundi Navarrete, negocio que antes era de Gildegard Cerón.