Remuneración salarial

La paralización de servidores públicos ponen en escena la homologación salarial, tema que muchos discuten y pocos conocen.

Remuneraciones iguales para cargos similares en todo el ente estatal, y reducir la brecha salarial entre los que ganan desproporcionadamente más que los servidores de menor rango. Si la homologación es una consecuencia y un efecto de la misma Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y de la Unificación Salarial, ambas vigentes, la correcta aplicación de la primera garantizaría el éxito de la última, lo cual no ocurre.

La burocracia reclamante solo quiere ver mejorada sus condiciones de vida; en teoría es justo, pero ignora o pretende ignorar que sus acciones afectan a la mayoría de compatriotas más pobres que ellos, violentando la ley que dicen defender, cada vez que paralizan los servicios. Paros, presiones y desangres están de moda para presionar gobiernos y sistemas políticos poco creíbles. En un Estado “generoso” en promesas y leyes, estas no avanzan no tanto por la carencia de recursos, sino por un manejo político incontrolable.

Juan Darío Ochoa
Quito

Desde que la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa entró en vigencia, e incluso antes de su promulgación, se notó desacuerdo en su contra. Dicha disconformidad se basaba en que a ley aparentaba ser inconstitucional de fondo y forma, que no debía considerarse como ley orgánica (lo cual fue desechado por el Tribunal Constitucional), y que atentaba contra principios laborales establecidos en la Constitución.

Hoy que la ley está vigente, con oposición o sin ella, debe ser respetada y aplicada en el territorio nacional para las entidades que ella determine. No obstante, caben unas interrogantes: ¿Es la norma la que debe adecuarse a nuestra realidad y así regularla?, o ¿es esta realidad la que debe adaptarse a la norma, debido a que toda ley aprobada por el órgano legislativo parecería aplicable, aun cuando esta no esté del todo acorde con la realidad o necesidades del pueblo?

Ahora, cuando el Tribunal Constitucional ha dictaminado la inconstitucionalidad de algunos artículos de este cuerpo normativo, solo nos queda utilizar el mecanismo de la reforma para conducir a la norma al cumplimiento de su objetivo: procurar el bien común, y asegurar y hacer efectivos los derechos de los trabajadores públicos.

Diego Fernando Armas Medina
Quito

En nuestro país, el 2004 fue uno de los años más irregulares en el plano laboral, porque hubo frecuentes paralizaciones de los distintos sectores laborales, y entre los que más se destacaron fueron los de la salud,  educación y jubilados. Se pudo generalizar el pedido de los grupos: aumento salarial.

Actualmente los trabajadores de los mencionados grupos siguen clamando aumento de sueldos, cuando la misma Constitución garantiza la remuneración justa que cubra las necesidades del trabajador y su familia; y siendo esta norma, suprema, se la incumple.

A pesar de que la Constitución prohíbe la paralización de los empleados de los servicios públicos de salud, educación, justicia, seguridad social y otros, estos no tienen otra opción que la huelga, para pedir que el Estado les reconozca una remuneración digna.

Así, Ecuador permanece en un círculo vicioso donde el recortado presupuesto deja sin sueldos a trabajadores, y sin atención a los más necesitados.

Ana María Ontaneda Rubio
Quito

Ley universal es que todos somos iguales. Si en el país existe una Ley de Remuneraciones, es para todos, y todas las instituciones tienen la obligación de cumplirla.

Indigna conocer cómo ciertos municipios y universidades, abusando de sus autonomías, festinan los dineros del pueblo con sueldos que son  afrentas al estado de miseria en que se debaten las mayorías pobres del país.

Que el Gobierno logre conseguir la eliminación definitiva de todos los lesivos contratos colectivos, que crean odiosas clases doradas.

Luis Guillermo Sotomayor V.
Piñas