La ciudad de Santa Cruz, la más pujante y poblada en  el este tropical de Bolivia, se encontraba paralizada este jueves por una  inesperada huelga de transportistas. 
 
La medida de fuerza, de carácter indefinido, fue resuelta a última hora del  miércoles después que personas irritadas atacaran las oficinas de la Federación  de Choferes de Santa Cruz (FCHSCZ) por el incremento de tarifas del transporte  local, consecuencia directa de una suba de precios de las gasolinas dispuesta  por el gobierno de Carlos Mesa. 
 
La FCHSCZ ordenó el repliegue de sus afiliados hasta que las autoridades  otorguen garantías para el "normal desempeño" de sus actividades. 
 
El gobierno de Mesa, cuya cabeza reclamaron el miércoles por la tarde  cientos de manifestantes opuestos al alza entre 10 y 23% de los precios de los  carburantes y también al incremento de tarifas, desplegó incluso a la Policía  Militar en esa ciudad situada a 900 km al este de La Paz. 
 
Una marcha pacífica convocada por la Central Obrera Regional (COR) y  organizaciones vecinales y empresariales, concluyó la víspera con apedreamiento  y rotura de vidrios de la prefectura (gobernación) de Santa Cruz, donde tres  civiles resultaron heridos tras una escaramuza con la policía. 
 
En un intento por frenar la huelga indefinida de chóferes, el prefecto  (gobernandor) de Santa Cruz, Carlos Hugo Molina, aceptó reunirse a primera hora  de este jueves con los transportistas, de acuerdo con despachos de radio. 
 
El ministro de Gobierno (Interior), Saúl Lara, denunció una conspiración y  acusó a un empresario, un dirigente sindical y al ex alcalde de Santa Cruz,  Roberto Fernández, de urdir un plan contra el mandatario. 
 
La huelga de choferes se registra tres días antes de un paro indefinido  convocado por las poderosas organizaciones de vecinos de El Alto, vecina de La  Paz, que exigen la salida de la empresa Aguas del Illimani , filial de la  francesa Lyonnaise Des Eaux.