Es necesario insistir en que los partidos políticos oficialistas y de la oposición hacen bien al negociar, en estos momentos, alianzas para captar el control de la función Legislativa. Esos acuerdos son consustanciales a la democracia y más bien deberíamos promoverlos.
Pero hay dos vicios que repugnan a los ciudadanos. Nos referimos, en primer lugar, a los acuerdos secretos, que se los niega en público pero se los perfecciona a espaldas de la población, precisamente porque hay cláusulas que, de salir a la luz, merecerían el repudio mayoritario, sobre todo cuando dependen de un pago en dinero o en prebendas, como lamentablemente ocurre cada vez con mayor frecuencia.
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La población cuestiona, asimismo, que se pretenda captar la Presidencia del Congreso no para impulsar una orientación política determinada sino para que algunos dirigentes la utilicen como herramienta de persecución a sus opositores, o como mecanismo de presión sobre otras instituciones del Estado.
El Congreso necesita de un Presidente, no lo olvidemos, y no de un intermediario de intereses ocultos que pretenden trascender el ámbito de la Función Legislativa.