Las tres Dolores (Vélez, Briones y Guerra) indicaron esta mañana que el primer mandatario, coronel Lucio Gutiérrez, reconoció tácitamente que la incursión policial realizada el pasado 19 de noviembre del 2003 a la farmacia Fybeca de la Alborada, es un crimen de estado.

Dolores Vélez, viuda del pastor evangélico Carlos Andrade Almeida; y Dolores Briones, viuda del mensajero Guime Córdova Encalada, así como Dolores Guerra, la esposa del posible desaparecido, Johnny Gómez Balda, se reunieron ayer en el Palacio de Carondelet con el Presidente, quien delegó al ministro de Gobierno, Jaime Damerval, el análisis de las posibles soluciones al caso Fybeca.

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“Nosotras estamos en el derecho de recibir una indemnización por el crimen de Estado cometido en contra de nuestros esposos, pero el objetivo principal es lograr la cárcel y la baja para los policías que participaron en el operativo”, indicó Dolores Guerra durante una entrevista concedida a Ecuavisa.

Guerra aseguró que la reunión con el Mandatario fue clave, porque al reunirse con ellas “se reconoció que se violaron los Derechos Humanos y que el delito es un crimen de Estado”.

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Por su parte, Vélez manifestó que continuarán en la lucha porque ni ella ni las demás Dolores han recibido alguna indemnización. No obstante, recalcó que lo que aspiran es que se haga justicia para que el caso no quede en la impunidad y los policías involucrados no sigan trabajando con el uniforme libremente.

Desde el lado jurídico, el abogado defensor, Rafael Esteves, recalcó en Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil) que la justicia y dignidad no valen un millón de dólares, porque las personas que incursionaron en la farmacia la mañana del 19 de noviembre del 2003 deben ser llamados y sancionados uno a uno.

“El caso Fybeca se ha convertido en algo que atañe a todos los ecuatorianos porque si no se sienta un precedente en donde la impunidad no puede ser la respuesta al delito, no habrá seguridad jurídica para los ecuatorianos y, de esa manera, puede ocurrir cualquier cosa, y con el privilegio de ciertos fueros pueden quedar en la impunidad”, advirtió Esteves.

Además, el jurista sostuvo que la reunión de ayer fue fundamental para que en unos dos o tres meses se tenga respuesta sobre lo que verdaderamente ocurrió en la farmacia hace un año.

Acerca de las declaraciones de Damerval , en donde aclara que durante el encuentro se trató el tema de una ayuda humanitaria, pero no de una indemnización a los afectados por el caso Fybeca, el abogado aseguró que las Dolores no están pidiendo limosna, sino lo que les corresponde. Por esa razón, recalcó, se reunirán el próximo lunes 27 de diciembre en la Gobernación del Guayas con el Ministro de Gobierno y el asesor jurídico de la Presidencia, Carlos Larrea Estrada.

“Con estos funcionarios buscaremos soluciones. Las fórmulas que permitan llegar a un acuerdo, según los parámetros fijados: una indemnización similar a la lograda por la desaparición de los Restrepo (1 millón de dólares por cada uno), que el Estado ejerza el derecho de repetición (que jueces y fiscales paguen parte de las indemnizaciones), la clausura de la farmacia Fybeca de la Alborada, la baja de los 20 policías, entre otros puntos”, dijo.