El presidente colombiano Álvaro Uribe, aseguró este martes que los procesos de paz con los grupos armados ilegales deben realizarse sin impunidad, pero aclaró que para que cumplan su objetivo, tienen que diferenciarse de una política de sometimiento.
 
"Un proceso de paz en la Colombia de hoy, con la Constitución de hoy, con las normas jurídicas de hoy, con los tratados internacionales a los que hemos adherido, tiene que ser un proceso sin impunidad, pero para que sea proceso de paz, tiene que ser algo diferente a una política de sometimiento", precisó  Uribe.
 
En referencia a lo que debe ser el proyecto de "alternatividad penal" o  marco jurídico que se aplique a los miembros de los grupos armados ilegales que se desmovilicen, y que el gobierno presentará a consideración del Congreso en los próximos meses, Uribe explicó que el equilibrio deberá ser el elemento fundamental que marque la pauta de esa normativa.
 
"El equilibrio debe ser un equitativo balance entre paz y justicia. Tiene que tener un concepto de paz, pero distanciarse de la impunidad. Y tiene que tener un concepto de justicia, pero distanciarse del sometimiento", indicó el mandatario.
 
Según Uribe, la ley de alternatividad penal o de verdad, justicia y  reparación, beneficiará a todos los grupos armados ilegales, porque "hoy no es factible hacer la diferencia entre el delito cruel y atroz del guerrillero, y  el delito cruel y atroz del paramilitar".
 
Actualmente el gobierno lleva a cabo una negociación de paz con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que implica la desmovilización de unos 3.000 hombres antes de concluir este año, y de 20.000  efectivos a más tardar en diciembre de 2006.
 
Desde el pasado 25 de noviembre más de 2.000 paramilitares han entregado sus armas, y se espera que a más tardar en semana y media otros 800 hombres hagan lo mismo en diversas regiones del país.
 
Sin embargo, diversos estamentos nacionales e internacionales han manifestado su temor porque los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares queden impunes, ante la incertidumbre jurídica en la que se desarrolla el proceso de desmovilización.
 
Al respecto, tanto Estados Unidos, como la Unión Europea (UE) han condicionado su apoyo financiero al proceso a que el gobierno colombiano adopte un marco legal para el mismo.
 
El domingo pasado, Uribe había dicho que la desmovilización facilitará la definición de un marco legal porque, "es más fácil definir el marco jurídico cuando ya el proceso de paz es creíble".
 
El gobierno anunció, la semana pasada, que presentará al Congreso un proyecto de ley que prevé penas máximas de 10 años de cárcel para los autores  de delitos atroces que se acojan a procesos de paz, pero ello fue rechazado por varios sectores que advirtieron que esos crímenes podrían quedar en la impunidad.
 
El proyecto se empezará a discutir en marzo, cuando se reanuda la legislatura.