El 26 de octubre pasado, Antonio Vargas, ministro de Bienestar Social, anunció que impulsará movilizaciones de apoyo al Primer Mandatario, coronel Lucio Gutiérrez, ante la inminencia de un juicio político en el Congreso.
Ese día estuvo respaldado por jubilados de la Asociación Batalla de Tarqui (Pichincha), quienes gritaron consignas a su favor, y de Jorge Calderón, presidente de la Federación de Taxistas del Ecuador.
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Previamente, el Ministerio satisfizo el pedido de los taxistas para crear subdirecciones de cooperativas en provincias. Luego, el 4 de noviembre pasado, Gutiérrez fijó en 0% los aranceles para la importación de vehículos para renovación de taxis.
Los jubilados, en cambio, recibieron el apoyo del Ministerio en los trámites para legalizar a su organización.
El 28 de octubre anterior, el subsecretario de Bienestar Social, Bolívar González, reiteró el llamado a defender la democracia.
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En esa ocasión, organizaciones campesinas de Manabí y algunas madres del programa Operación Rescate Infantil (ORI) se manifestaron a favor de Vargas.
Los campesinos de Manabí recibieron préstamos no reembolsables por $ 100 mil, según su dirigente Luis Antonio Flores, quien dijo que liderará protestas contra la destitución del Mandatario; y a las madres del ORI se les ofreció un incremento salarial.
Según González, existen tres mil organizaciones campesinas, indígenas que apoyarán a Vargas y a Gutiérrez.
Las actuaciones de Vargas, en sus cuatro meses de gestión, han estado dentro de la lógica clientelar del proceso electoral que concluyó, expresó la socióloga Dolores Padilla, quien hace referencia a la entrega masiva de alimentos y juguetes, que habrían sido financiados con una donación particular de González. “Eso es fomentar una actitud de miseria y de indignidad”, dijo.
El 1 de octubre, el MBS anunció que repartiría dos millones de juguetes y fundas de caramelos, y los distribuyeron en diferentes sectores marginales. Luego, el 25 de octubre suspendió la entrega, debido a que la Contraloría consideró que no eran actividades propias del servicio público.
Agenda social retrasada
Entre tanto, existe un retraso en la agenda del MBS planteada a inicios de este gobierno.
Patricio Ortiz, primer ministro de Bienestar Social del régimen, señaló que existían metas concretas con respecto al Bono de Desarrollo Humano: culminar la depuración de la base de datos de los beneficiarios en diciembre del 2003, y emitir la tarjeta electrónica para el cobro del bono, en febrero de este año.
La depuración del bono aún no se completa. González explicó que es un proceso continuo porque siempre ingresan y salen beneficiarios de la lista. Y de la tarjeta electrónica, dijo que hace cuatro meses descubrió que el proceso ni siquiera se había iniciado.
El 14 de octubre pasado González informó que había suscrito varios convenios con la banca para que el uso de la tarjeta electrónica se inicie en enero del 2005.
También anunció un seguro de salud para los beneficiarios del bono. Sin embargo, ese fue un proceso que se inició en julio del 2003, cuando el MBS firmó un acuerdo con el alcalde de Guayaquil, para que la municipalidad preste ese servicio.
SOCIALES
DENUNCIA
Lourdes Tibán, ex candidata a la alcaldía de Salcedo (Pachakutik), aseguró que Antonio Vargas tiene la misión de buscar apoyo político entre los sectores más vulnerables.
POLÍTICAS
La socióloga Dolores Padilla considera que el gobierno no tiene políticas sociales claras para disminuir la pobreza. “Exhiben cifras macroeconómicas, pero en total divorcio de las políticas sociales porque sigue creciendo la pobreza”, afirmó.
PROPÓSITOS
El ex ministro de Bienestar Social, coronel Patricio Ortiz, señaló que uno de los principales propósitos al inicio del gobierno era desterrar el asistencialismo del MBS, lo que no se logró. Mientras, ese ministerio estudia un incremento salarial para las madres que trabajan en las guarderías del ORI, que perciben $ 60 mensuales.