Fernando Aspiazu, a punto de recuperar su libertad

Para recuperar su libertad, el ex presidente ejecutivo del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, solo espera que la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva la revisión de la sentencia (casación) de doce años de prisión, impuesta por el Tercer Tribunal Penal de Pichincha, conformado por Gilberto Moscoso, René Maldonado y Hugo Sierra (vocal juez suplente).

Según Fr+ancisco Icaza, abogado de Aspiazu, la sentencia es errónea, pues se lo condenó a doce años de prisión, cuando la sanción para el peculado (malversación de fondos) es ocho años.

Icaza exige la excarcelación de Aspiazu, quien ya habría cumplido la pena, pues esta se reduciría a la mitad, porque puede acogerse a la llamada “ley del 2x1”. Aspiazu fue detenido el 12 de julio de 1999: ha estado en prisión cinco años y dos meses.

Por la presunta mala administración de la entidad bancaria, dijo el abogado, Aspiazu enfrentó 200 juicios. De ellos, solo siete (por presunta malversación de fondos de la entidad y defraudación tributaria) prosperaron.

En cuatro de ellos Aspiazu recibió sentencias condenatorias, dos esperan la resolución del recurso de casación o revisión de la sentencia, en las salas penales de la Corte Suprema de Justicia.

Este Diario investigó dos juicios que pasaron de los juzgados de Guayaquil a la Corte Suprema de Justicia. Según Icaza, estos procesos se unieron a otro que se tramita en la Segunda Sala de lo Penal de la CSJ, y que espera la revisión de la sentencia condenatoria.

La entidad entró en reestructuración el 22 de marzo de 1999. Al incumplirse este proceso, el 13 de julio de ese año, la Superintendencia de Bancos declaró a la entidad en saneamiento, a cargo de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

En diciembre del 2000, un estudio del Grupo Barents explicaba que de los doce bancos en manos de la AGD, el Progreso tenía el 70% de los créditos por cobrar: el 41% de ellos fueron calificados como E (incobrables), y el 37%, como D (de difícil recuperación).

El mismo día del cierre del Progreso se produjo, en Guayaquil, una marcha encabezada por Aspiazu y respaldada por varios líderes locales, en la que se rechazaba la decisión del gobierno de Jamil Mahuad de negar un crédito al banco.
Aspiazu fue detenido en Guayaquil el 12 de julio de 1999, tras un operativo ordenado por el ex ministro de Defensa, José Gallardo, en cumplimiento de la orden de prisión preventiva del 13 de julio de 1999, por el Juzgado 10º de lo Penal de Pichincha, dentro del caso de la apropiación del impuesto del 1% a la circulación de capitales.

Según la Fiscalía, este arresto se realizó ilegalmente. El 10 de octubre del 2001, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Galo Pico, desestimó el dictamen fiscal y sobreseyó definitivamente a Gallardo.

La primera sentencia que recibió Aspiazu fue a un año de prisión y una multa de 40 sucres. La dictó el 29 de agosto del 2000 el juez 4º de lo Penal de Pichincha, Vicente Altamirano, por el delito de injurias en contra de Gallardo, al acusarlo de estar involucrado en un supuesto negociado de armas durante la guerra de 1995 con Perú.

Fernando Aspiazu fue trasladado del ex penal García Moreno de Quito a la Penitenciaría del Litoral, el 1 de octubre del 2002, por disposición del juez 4º de lo Penal del Guayas, Ney Díaz Flores.