A cinco años de que el Banco de Préstamos cerrara el 24 de agosto de 1999, su ex propietario, Alejandro Peñafiel, podría abandonar la cárcel el próximo 11 de noviembre, después de cumplir una pena reducida de ocho a cuatro años (al acogerse a la ley del llamado 2 por 1) de reclusión, por peculado.

Peñafiel tiene tres juicios pendientes por peculado bancario. En otros cuatro procesos fue absuelto y en dos más recibió condena acusatoria.

Adicionalmente hay dos juicios por un presunto mal manejo de Presfondos (del Grupo Préstamos) que no incluyeron a Peñafiel; en estos se convocó a juicio plenario (cuando existe la certeza de que se cometió el delito y de la participación del sindicado). Así, por la quiebra del Banco de Préstamos se iniciaron en total once causas.

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En la Corte Suprema se manejan dos escenarios respecto de la situación jurídica de Peñafiel. La primera: el juicio de peculado que analiza la Segunda Sala Penal de la CSJ, por el incumplimiento de un contrato suscrito por Peñafiel, a través de la Compañía Talda de propiedad de este banco, podría detenerlo en la cárcel. En esa causa, Peñafiel planteó un recurso de casación (revisión de la sentencia), para dejar sin efecto la condena de ocho años de reclusión, impuesta por el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha, el 6 de febrero de 2003.

En el segundo escenario, el ex banquero recuperará la libertad en 35 días y no retornará más a prisión, cuando cumpla el total de la sentencia impuesta por la Primera Sala Penal de la CSJ.

El Banco de Préstamos entró en liquidación el 24 de agosto de 1998, pero el 8 de septiembre de 1999 entró a saneamiento, con lo cual la estatal Agencia de Garantía de Depósitos pasó a administrarlo. A diferencia de otras instituciones, el banco tenía que pagar a sus ahorristas en la medida en que recuperaba la cartera.

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Según un informe de los organismos de control, en enero de 2001, el banco y sus offshore en Caimán y Panamá tenían a esa fecha 205 millones de dólares de cartera, de la cual el 78% eran créditos vinculados. Peñafiel es uno de los dos ex banqueros encarcelados. El otro es Fernando Aspiazu, ex propietario de Progreso.

Peñafiel cumplió dos condenas desde su retorno de España, de donde fue deportado el 9 de marzo de 2001, mientras era extraditado desde Líbano, donde permaneció detenido, por pedido de la Interpol.

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La primera sentencia en firme fue el fallo a dos años de prisión correccional y una multa de $ 100, por presentar documentación falsa por la venta de las acciones de la florícola San Javier.

La sentencia la dio el Tribunal Tercero de lo Penal de Pichincha (integrado por Gilberto Moscoso Dávila, Marco Maldonado Castro y René Maldonado Izurieta), el 4 de octubre de 2002.

La segunda fue la pena mayor: ocho años de reclusión por peculado, dictada por la Primera Sala de lo Penal de la CSJ (Carlos Riofrío Corral, Eduardo Brito Mieles y Gonzalo Zambrano Palacios), el 5 de julio pasado.

El fallo se dictó por abuso de fondos, al autorizar informes falsos, lo que provocó “gran alarma social”, según la Sala.

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Ese mismo 5 de julio, horas antes de la notificación de la providencia, Peñafiel ya había salido libre, por autorización del presidente del Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha, Federico Montenegro.

La Dirección Nacional de Rehabilitación Social tomó en cuenta el tiempo que Peñafiel estuvo detenido en Líbano y España. No obstante, regresó a prisión el 28 de septiembre, por orden del Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha, porque le faltaba cumplir 44 días de esa condena. Por ese fallo, Peñafiel se quedó sin derechos de ciudadanía hasta el 2009 y no podrá ejercer de por vida cargos en instituciones financieras.

Montenegro es investigado por la Fiscalía y el Consejo Nacional de la Judicatura, por haber liberado a Peñafiel. También fueron acusados por la Fiscalía los directores Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), Fernando Cassis; de la Cárcel Cuatro de varones, Víctor Jácome; y, de diagnóstico y evaluación de la DNRS, Vicente Ruiz.

* Con la colaboración de Diego Palacios.
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