El 3 de septiembre, cerca de la medianoche, llegó al país por vía aérea, la doctora Martha Araujo, oftalmóloga colombiana de prestigio internacional, invitada a dictar un curso sobre glaucoma con el auspicio de la Sociedad Nacional de Oftalmología y Ortóptica. Al llegar a Migración, se le impidió entrar al país por no traer el pasado judicial; documento que se exige a los colombianos desde hace unos meses, con el objeto de evitar el ingreso a Ecuador de personas vinculadas al narcotráfico, delincuencia o terrorismo.

Fueron inútiles las explicaciones de ella y las nuestras a los funcionarios de Migración que indicaban que para permitirle ingresar, era necesaria la decisión de algún oficial de alto rango; pero por la hora se hizo imposible encontrarlo.

La doctora fue declarada excluida, y escoltada por un guardia, permanentemente, a un cuarto de la zona de tránsito donde pasó la noche sentada en un banco, sin comida, en total incomodidad, para ser devuelta al día siguiente en el mismo avión a Bogotá.

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Las consecuencias de la medida fueron perjudiciales para nuestro país. Se perdieron semanas de preparación; casi un centenar de profesionales perdieron la oportunidad de actualizar conocimientos.

También se perdió la inversión en logística (pasajes, auditorio, alimentación, medios audiovisuales...) que habían sido contratados. Peor todavía, la doctora venía a dictar varias horas de conferencias gratuitas, desinteresadas.

Ella regresó a Colombia con el sentimiento de haber sido humillada, pues siendo una invitada frecuente a eventos científicos en muchos países, nunca se le había exigido ese documento. Es cierto que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, y que la responsable fue la aerolínea que le permitió viajar sin verificar que tuviera toda la documentación requerida por las autoridades ecuatorianas.

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Debe existir algún mecanismo para evaluar este tipo de casos, donde los principales perdedores somos los ecuatorianos, pues es evidente que los delincuentes, narcotraficantes y terroristas de distintas nacionalidades no están siendo detenidos por esta regulación.

Posteriormente me enteré que se está causando muchas dificultades, por ejemplo, si un ciudadano colombiano está residiendo en Venezuela y quiere venir a Ecuador, deberá viajar primero a Colombia para obtener el pasado judicial, pues este documento no lo pueden otorgar las autoridades consulares. Fue destacable la actuación de la Cónsul de Colombia en Guayaquil, quien se hizo presente en el aeropuerto para tratar de ayudar. Más destacable es que a pesar de la experiencia desagradable, la doctora Araujo está dispuesta a regresar a Guayaquil a dictar el curso. ¿Es realmente lógica y beneficiosa esta regulación? Si vamos a poner control, ¿no es preferible exigir un mecanismo universalmente conocido como el visado?

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Dr. Eduardo Viteri Coronel
Guayaquil

Sería bueno  que el Consulado del Ecuador en Colombia, para todo viajero -de acuerdo a su procedencia y a lo que venga a hacer al país-  le otorgue algún conducto de salvamento, para que no le impida el ingreso si no cumple con esta regulación.

Que se descentralice el tema y que el Consulado de Colombia en Ecuador, ayude para que en una próxima oportunidad a esa distinguida profesional no se le impida el paso.

Manuel Galarza
Guayaquil

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