Autoridades militares estadounidenses defendieron el sábado pasado los juicios especiales que se llevan a cabo contra sospechosos de terrorismo detenidos en la base naval estadounidense en Guantánamo, donde se estrecha la seguridad ante las próximas audiencias de mañana.
Cuatro acusados, talibanes y miembros de la red Al Qaeda (incluyendo al australiano David Hicks) serán formalmente encausados mañana ante una comisión militar, duramente cuestionada por abogados y grupos defensores de derechos humanos. Autoridades estadounidenses rechazaron las críticas.
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Expertos legales civiles dicen que los tribunales –integrados por cinco militares estadounidenses– no se ajustan a las leyes internacionales.
Los cuatro apresados forman parte de un total de 585 talibán y miembros de Al Qaeda aprehendidos en Camp Delta, en Guantánamo.
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El Pentágono confirmó a catorce detenidos en la categoría de “combatientes enemigos” durante los procesos que lanzó en julio para examinar la categoría de cada detenido en Guantánamo.
Falta de datos
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) logró, a pesar de sus esfuerzos, poca información sobre los métodos de financiación del grupo terrorista Al Qaeda, según un nuevo informe de la comisión oficial que investigó los atentados del 11-S en EE.UU.
La comisión presentó el sábado un último documento, complementario del informe final que emitió en julio pasado, y cesó en sus funciones tras 20 meses de existencia.
El informe detalla que los atentados del 11-S costaron unos $ 500.000, de los cuales unos 300.000 procedían de depósitos en cuentas bancarias en suelo estadounidense, controladas por los 19 terroristas-suicidas implicados en los atentados.