La jornada iniciada por la demanda contra Texaco por contaminación petrolera continúa hoy en Orellana.
Las comunidades indígenas de Orellana y Sucumbíos ratificaron ayer las denuncias de contaminación ambiental contra la petrolera Chevron-Texaco, al inicio de las inspecciones a los campos hidrocarburíferos que dispuso la Corte de Justicia de Nueva Loja, que empezó el juicio contra la transnacional el 26 de octubre pasado.
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Cuando Mesías Zurita compró hace siete años un terreno en Sacha, a 40 kilómetros al norte del Coca, no se imaginó que con el tiempo él y su familia deberían enfrentar problemas de salud como una de las presuntas consecuencias de la explotación petrolera, iniciada en la zona hace 35 años.
Aquí, y en sitios aledaños al terreno de Zurita, comenzó ayer la primera jornada de las inspecciones judiciales del pozo 6 del campo Sacha, que forma parte del proceso que varias comunidades amazónicas de Sucumbíos y Orellana emprendieron en contra de la petrolera Chevron-Texaco, al cuestionar la remediación ambiental que la compañía realizó en 1996.
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A la inspección, ordenada por el presidente de la Corte Superior de Nueva Loja, Efraín Novillo, asistieron además de los peritos, los abogados de las dos partes implicadas: uno de los defensores de las comunidades afectadas y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Wray; el abogado de la petrolera, Adolfo Callejas; Bianca Jagger, defensora de los derechos humanos y del ambiente, quien participó como observadora, y varios expertos ambientales y técnicos.
Para dar inicio a las inspecciones fue necesario que Novillo y una audiencia integrada por representantes de la multinacional y de las comunidades, ambientalistas, periodistas de medios de comunicación nacionales y extranjeros y afectados escucharan por el lapso de tres horas los argumentos y contrarréplicas de los abogados para justificar la realización de las inspecciones.
Mientras Callejas sostuvo que la explotación petrolera que Texaco realizó hasta hace 14 años no produjo daños ambientales y menos en la salud de los habitantes –que hayan sido demostrados técnicamente-, Wray recordó que la parte demandante nunca cuestionó los daños sobre la capa superficial de vegetación “puesto que las sustancias contaminantes fueron removidas” y que la demanda no se refiere a la salud de los pobladores, sino al impacto ambiental provocado por la exploración petrolífera.
Al responsabilizar a Petroecuador (empresa encargada de la exploración y explotación petrolera desde 1990) por los eventuales daños ambientales y “aún no comprobados científicamente” en el pozo 6, el abogado de Texaco aseguró que las remediaciones desarrolladas por la petrolera fueron suficientes.
Wray argumentó que para demostrar los daños a la naturaleza los demandantes tomaron muestras en el suelo en sitios localizados por técnicos. “Son cosas que no se comprueban con documentos, sino con análisis en el campo”, señaló al solicitar al juez que se efectúen exámenes periciales en focos de contaminación que pueden ser localizados por los expertos.
Los análisis se realizaron en ocho sitios del pozo 6, en donde al explorar entre dos y tres metros de profundidad se encontró petróleo. Así lo revelaron Steven Dozinger, abogado estadounidense de las comunidades; David Russel, integrante del equipo técnico; y Bianca Jagger, observadora.
El abogado de Texaco solicitó al juez que niegue la petición de los exámenes periciales porque con el tiempo el petróleo “no solo que se ha solidificado, sino que ha perdido la posibilidad de afectar al ambiente y a la salud”. Los peritos –dijo– deberían realizar sus opiniones técnicas y científicas a base de la ciencia y no en la ficción.
