El pedido de Japón a Perú solicitando más información sobre la acusación para extraditar al ex presidente peruano Alberto Fujimori provocó reacciones airadas entre las autoridades judiciales, quienes la tomaron como una "burla" e instaron al gobierno a acudir a una corte internacional.
La demanda japonesa de presentar pruebas directas y no sólo indicios sobre la presunta responsabilidad de Fujimori en los delitos de lesa humanidad que le imputan colocó en aparente aprieto a la justicia peruana, que carecería de mayor fundamento a juzgar por la reacción de los principales magistrados del país.
Para Fujimori la respuesta de Tokio significa que fracasó el proceso de extradición en su contra y le abre el camino de regreso a Lima.
"La respuesta del gobierno japonés y sus preguntas al gobierno peruano sobre el insustentable cuadernillo de extradición marcan un hito muy importante en el camino de mi retorno al Perú", indicó Fujimori desde la capital nipona durante el programa que tiene en una radio limeña.
"El proceso de extradición ha fracasado. (...) Japón sostiene de manera concluyente que cuando no hay causa probable para sospechar que la persona ha cometido los actos que se le imputan no procede la extradición", subrayó.
Fujimori, de 66 años, vive en Tokio desde noviembre del 2000 cuando renunció por fax a la presidencia tras estallar un escándalo de corrupción que se trajo abajo a su régimen de 10 años.
La justicia de Perú acusó al ex mandatario de ser responsable intelectual del asesinato de 25 personas a manos de un escuadrón de la muerte entre 1991 y 1992, en el periodo álgido de la lucha "contra el terrorismo" de Sendero Luminoso", organización subversiva de tendencia maoísta.
El procurador anticorrupción Ronald Gamarra calificó de "burla" la actitud de Japón, con el objetivo de ganar tiempo y dilatar la gestión peruana hasta el fin del actual gobierno de Alejandro Toledo -rival de Fujimori- en julio 2006.
"En su momento se anexaron todas las pruebas existentes, así que ahora ya no tenemos más pruebas", reconoció.
El presidente de la Corte Superior de Lima, Víctor Raúl Mansilla, señaló que el Poder Judicial debe contestar que ya cumplió con todas las disposiciones del cuadernillo de extradición, en declaraciones a la radio RPP.
El magistrado instó al gobierno a acudir a instancias internacionales debido a que "Japón está demostrando que no quiere entregar a Fujimori".
La Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, a su turno aconsejó no perder tiempo con Japón y acudir a la Corte Penal Internacional en Roma.
"El Gobierno (peruano) debe tomar una decisión política y acudir directamente a la Corte Penal Internacional de Roma. La violación de los derechos humanos es un delito universal y tiene que ser juzgado", acotó.
Según la fiscal, Japón quiere que se le presenten "videos o fotos en que Fujimori aparece disparando contra la gente".
"Si estas pruebas fueran necesarias para investigar, no se habría juzgado a Slóbodan Milósevic por la matanza de Yugoslavia y a los criminales de la Segunda Guerra Mundial en Tokio. A ellos se los juzgó por su responsabilidad en el mando", acotó la fiscal.
El documento de la justicia nipona se entregó el 23 de julio último. En él se indicó que las pruebas alcanzadas "son imprecisas y solo contienen pruebas testimoniales de referencia, y de ello no se puede confirmar el elemento de credibilidad, ya que no se incluyen declaraciones de testigos directos".
Perú presentó la demanda de extradición (700 páginas) en julio de 2003. En febrero de este año procuradores peruanos se reunieron en Tokio para absolver dudas sobre la demanda y la nacionalidad de Fujimori, quien también es japonés.
El ex presidente peruano, hijo de japoneses que inmigraron a Perú, obtuvo la nacionalidad nipona que hasta ahora le ha permitido escapar a un proceso en su país.