El pedido de Japón a Perú solicitando más información  sobre la acusación para extraditar al ex presidente peruano Alberto Fujimori  provocó reacciones airadas entre las autoridades judiciales, quienes la tomaron  como una "burla" e instaron al gobierno a acudir a una corte internacional.
 
La demanda japonesa de presentar pruebas directas y no sólo indicios sobre  la presunta responsabilidad de Fujimori en los delitos de lesa humanidad que le  imputan colocó en aparente aprieto a la justicia peruana, que carecería de  mayor fundamento a juzgar por la reacción de los principales magistrados del  país.
 
Para Fujimori la respuesta de Tokio significa que fracasó el proceso de  extradición en su contra y le abre el camino de regreso a Lima.
 
"La respuesta del gobierno japonés y sus preguntas al gobierno peruano  sobre el insustentable cuadernillo de extradición marcan un hito muy importante  en el camino de mi retorno al Perú", indicó Fujimori desde la capital nipona  durante el programa que tiene en una radio limeña.
 
"El proceso de extradición ha fracasado. (...) Japón sostiene de manera  concluyente que cuando no hay causa probable para sospechar que la persona ha  cometido los actos que se le imputan no procede la extradición", subrayó.
 
Fujimori, de 66 años, vive en Tokio desde noviembre del 2000 cuando  renunció por fax a la presidencia tras estallar un escándalo de corrupción que  se trajo abajo a su régimen de 10 años.
 
La justicia de Perú acusó al ex mandatario de ser responsable intelectual  del asesinato de 25 personas a manos de un escuadrón de la muerte entre 1991  y 1992, en el periodo álgido de la lucha "contra el terrorismo" de Sendero  Luminoso", organización subversiva de tendencia maoísta.
 
El procurador anticorrupción Ronald Gamarra calificó de "burla" la actitud  de Japón, con el objetivo de ganar tiempo y dilatar la gestión peruana hasta el  fin del actual gobierno de Alejandro Toledo -rival de Fujimori- en julio 2006.
 
"En su momento se anexaron todas las pruebas existentes, así que ahora ya  no tenemos más pruebas", reconoció.
 
El presidente de la Corte Superior de Lima, Víctor Raúl Mansilla, señaló  que el Poder Judicial debe contestar que ya cumplió con todas las disposiciones  del cuadernillo de extradición, en declaraciones a la radio RPP.
 
El magistrado instó al gobierno a acudir a instancias internacionales  debido a que "Japón está demostrando que no quiere entregar a Fujimori".
 
La Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, a su turno aconsejó no perder  tiempo con Japón y acudir a la Corte Penal Internacional en Roma.
 
"El Gobierno (peruano) debe tomar una decisión política y acudir  directamente a la Corte Penal Internacional de Roma. La violación de los  derechos humanos es un delito universal y tiene que ser juzgado", acotó.
 
Según la fiscal, Japón quiere que se le presenten "videos o fotos en que  Fujimori aparece disparando contra la gente".
 
"Si estas pruebas fueran necesarias para investigar, no se habría juzgado a  Slóbodan Milósevic por la matanza de Yugoslavia y a los criminales de la  Segunda Guerra Mundial en Tokio. A ellos se los juzgó por su responsabilidad en  el mando", acotó la fiscal.
 
El documento de la justicia nipona se entregó el 23 de julio último. En él  se indicó que las pruebas alcanzadas "son imprecisas y solo contienen pruebas  testimoniales de referencia, y de ello no se puede confirmar el elemento de  credibilidad, ya que no se incluyen declaraciones de testigos directos".
 
Perú presentó la demanda de extradición (700 páginas) en julio de 2003. En  febrero de este año procuradores peruanos se reunieron en Tokio para absolver  dudas sobre la demanda y la nacionalidad de Fujimori, quien también es  japonés.
 
El ex presidente peruano, hijo de japoneses que inmigraron a Perú, obtuvo  la nacionalidad nipona que hasta ahora le ha permitido escapar a un proceso en  su país.