Uno de los ejemplos más grotescos es el que ofrece el Banco del Estado (BEDE). Allí, quince funcionarios de altísimo nivel –incluyendo a una hermana del Presidente de la República– recibieron, en los últimos doce meses, préstamos personales a tasas de interés muy convenientes por una suma que supera el medio millón de dólares.

La mayoría de quienes recibieron dicho beneficio ni siquiera habían cumplido un año en su cargo; y sus respectivas garantías y garantes en varios casos no tienen ninguna consistencia.

La noticia ha indignado al ciudadano común, al que no tiene “palancas”, al que acude a la banca privada y en cambio solo encuentra puertas cerradas, porque los criterios para que el sector financiero considere a una persona o empresa sujetos de crédito se han vuelto completamente inaccesibles para la mayoría de la población.

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Lo más escandaloso de todo es que ninguna de estas operaciones se hizo violando ninguna norma o reglamento vigente. Nos meten la mano en el bolsillo a los contribuyentes, pero no hay delito. Es una injusticia flagrante, pero absolutamente legal.

Así es el sistema que han construido nuestros gobernantes de turno y las burocracias que los rodean. Esto es lo que quieren preservar con su insistencia en no hacer ninguna reforma de fondo.