El gobierno de México, a través de una fiscalía especial, empezó ayer una batalla legal que llegaría hasta la Suprema Corte, para juzgar los crímenes de la “guerra sucia” del setenta, en la que murieron y desaparecieron decenas de jóvenes.
Es la primera imputación criminal a un ex mandatario contemporáneo en México.
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Luego de que un juez federal desestimara acusaciones de genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría (1970-1976), la fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) iría a la máxima instancia judicial.
El 10 de junio de 1971, fuerzas de seguridad, incluido el grupo Los Halcones, disolvió violentamente una manifestación de miles de estudiantes en la capital mexicana, lo que dejó decenas de muertos.