El 18 de septiembre del 2002, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, declaró cerrada la etapa sumarial en el juicio contra los ex accionistas de Filanbanco. Ahí feneció el tiempo (dos años  tres meses) para que los acusados presentaran pruebas y  cualquier otro que se considere afectado pusiera  acusación particular.

En este caso, las instituciones del sector público no presentaron ninguna acusación, pese a que había sospechas de peculado (abuso de fondos públicos) por la utilización indebida de los  créditos de liquidez que el Banco Central del Ecuador le dio a Filanbanco desde septiembre de 1998 y que superaron los 400 millones de dólares.

Durante ese  lapso (junio de 2000 y septiembre de 2002), los titulares y representantes legales de las instituciones que pudieron sentirse afectadas fueron: por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Luis Villacís y Patricio Dávila, y por la Procuraduría, Juan Ramón Jiménez.

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Cuando fue superintendente de Bancos, entre abril y noviembre de 2000, Juan Falconí, remitió a la Fiscalía  cuatro auditorías de la Intendencia del Litoral que revelaban información sobre el Republic Internacional Corporation y varios fideicomisos,  incluso uno que consideraba que el BCE ni siquiera debió conceder préstamos de liquidez a Filanbanco, pues su problema no era la falta de efectivo, sino de solvencia (patrimonio insuficiente).

En el supuesto caso de que se declararan culpables a los ex accionistas de Filanbanco, la alternativa que le quedaría al sector público sería iniciar un nuevo juicio civil por daños y perjuicios.

En otros casos, como en el del Banco del Progreso, la Fiscalía trabajó directamente con la AGD y la Agencia presentó una demanda particular.