El argumento fue que en la resolución de la Junta Bancaria (JB), que permitió este traspaso, se dispuso hacer ajustes y adecuaciones al capital y otras cuentas patrimoniales. Como la AGD utilizó estos recursos que eran de los ex accionistas, estaba en la obligación de devolvérselos de acuerdo con el literal d del artículo 24 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica (Trole 1).

El 2 de diciembre de 1998 se redujo al mínimo el patrimonio de Filanbanco, y por ende el capital de sus accionistas Intral Panamá (a su vez de propiedad de  Roberto y William Isaías). También  se emitieron bonos del Estado para capitalizar el banco por $ 140 millones, monto en el que se valoró dicho patrimonio.

El literal d del artículo 24 se refería a la devolución de los activos que entregaron los ex accionistas para cubrir las pérdidas de un banco en saneamiento. El principio es que si al accionista de un banco en saneamiento se le quitó su capital,  invertido en créditos a terceros, y esos créditos se pagaron en la administración estatal, lo recaudado servirá para cubrir las pérdidas del banco. Pero si hay un remanente (saldo contable), este debe devolverse a los ex propietarios.

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La sentencia
La jueza Tercera de lo Civil de Guayaquil, Mercedes Bacilio, resolvió el 27 de agosto del 2001, bajo este argumento, devolver a Roberto y William Isaías Dassum un vuelto de $ 148 millones en “activos de crédito” (préstamos), entregados a varias firmas, consideradas vinculadas. Hasta esa fecha, como hasta ahora, no se sabe el monto de las pérdidas de  Filanbanco al 2 de diciembre de 1998.

Sin embargo, la AGD, cuyo gerente era Patricio Dávila (actual diputado) nunca apeló la sentencia, pese a que el plazo vencía el 30 de agosto.

Filanbanco cerró sus puertas el 17 de julio del 2001 y la JB, cuyo presidente era el entonces Superintendente de Bancos, Miguel Dávila, emitió, el 7 de septiembre, una resolución por la que excluyó los activos del juicio del vuelto. Y añadió que esta decisión se notificará al juez para que se inhiba de seguir el proceso. Esta resolución se dio ocho días fuera del plazo de apelación y 53 días después del cierre del banco.

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La sentencia de Bacilio quedó en firme. En esta se incluyeron las 101 empresas cuya cartera pasó a poder de Intral, de las cuales cinco también constan  en los fideicomisos Enerco y Silver Lace.

En enero del 2002, el Congreso Nacional  bloqueó el vuelto a los ex accionistas de los bancos con carácter de retroactivo. Incluso, el Tribunal Constitucional, a mediados de 2003, falló que estaba prohibido el vuelto.

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Pero  la cartera del vuelto de Filanbanco, debido a la sentencia en firme, pasó a poder de Intral Panamá y se cobra actualmente a través de Myer Business, representada por Leonidas Plaza Verduga, ex procurador del Estado y actual concejal de Guayaquil.

Un deudor considerado vinculado, que pidió no revelar su nombre, explicó que debido a la sentencia, cada empresa deudora tuvo que negociar una forma de pago con Intral Panamá, y luego hacerla notarizar como escritura pública. Asimismo, esta negociación se registró en los balances de las compañías, y luego en el Banco Central, como deuda externa, pues Myer Business es internacional.

“La sentencia me obliga a pagarle a ellos”, dijo el deudor al asegurar que las tercerizadoras que cobran las deudas de Filanbanco estatal nunca lo han contactado.

Luis Penna, representante de los ex accionistas del banco, justificó el juicio del vuelto. Al preguntársele por qué no insistieron primero en que se determinen las pérdidas de Filanbanco al 2 de diciembre de 1998, respondió que precisamente el proceso del vuelto “es por eso... Y fuimos amenazados por el gobierno anterior”.

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