El Congreso de Colombia aprobó reformas a los códigos penales que aumentan la pena máxima de 40 a 60 años de cárcel cuando hay acumulación de delitos atroces y dejó sentadas las bases del sistema acusatorio en el cual los fiscales investigan y los jueces juzgan. 
 
Estas reformas son para el gobierno del presidente Alvaro Uribe instrumentos eficaces para combatir la criminalidad y el terrorismo, contando además con la aprobación de un estatuto antiterrorista que permite allanamientos e interceptar comunicaciones sin orden judicial y que faculta a jefes militares y policías para ejercer funciones de policía judicial. 
 
La reforma votada el miércoles en la noche y que entrará en vigencia en 2005, permite también reducir hasta en la mitad las penas por confesión de los delitos y colaboración con la justicia e introduce los juicios orales para agilizar el paquidérmico sistema judicial colombiano.
 
"Los procesos que hoy tardan 48 meses se reducirán a 48 semanas y el sistema hará una justicia garantista y justa", dijo tras la aprobación final de la ley en el Senado el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, promotor de la reforma. 
 
La reforma también faculta al Fiscal General para suspender o interrumpir procesos y hasta renunciar a la persecución de algunos delitos, cuando se presenten situaciones de alta congestión en los juzgados, las cortes y las cárceles, un mal endémico del sistema judicial. 
 
El Congreso decidió que esta facultad no opera para el narcotráfico, terrorismo, corrupción y delitos de lesa humanidad como la tortura, el genocidio y la desaparición forzada. 
 
Una novedad de la legislación es la creación de la figura del informante que puede infiltrarse en las organizaciones criminales para conseguir información para los jueces y servicios de inteligencia. 
 
" Es inadmisible que al igual que las organizaciones delictivas, el Estado autorice a sus agentes a transar información privilegiada con particulares y mas aún cuando se reserva la identidad del informante", dijo el senador opositor Carlos Gaviria, al señalar que esta reforma es inconveniente porque no permite la controversia de las pruebas y afecta la defensa de los acusados. 
 
En cuanto al estatuto antiterrorista, dirigentes de la oposición y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas manifestaron que puede prestarse para la violación de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado.
 
"Que teman los bandidos, la ciudadanía de bien debe estar tranquila", afirmó el Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt, al asegurar que las nuevas leyes en materia penal lo que buscan es combatir el terrorismo, disuadir a los delincuentes y proteger a la gente. 
 
Explicó que en materia de interceptación de comunicaciones   la fiscalía ya tiene 4.000 personas con esta facultad y lo que hace esta nueva ley es permitir a militares y policías de alto rango que puedan hacer lo mismo en teatros de operaciones militares, en donde no hay fiscales, para evitar actos terroristas y salvar vidas.