La Policía Nacional emprendió desde esta mañana un operativo en el que se rodearon la vivienda y las oficinas, en Quito, de Óscar Ayerve, sobre quien desde el pasado jueves pesa una orden de prisión preventiva por la demanda que hace un año planteó el ex gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Patricio Dávila, quien lo acusó de subrogación de poderes al supuestamente atribuirse la presidencia de la Junta de Acreedores de Filanabanco; lo que ha generado el rechazo del abogado de los ahorristas del banco cerrado, Édison Carrera, quien defiende la inocencia del imputado.
 
Los acreedores se reunieron en los bajos de la Corte Suprema de Guayaquil, para que el juez primero de lo Penal del Guayas, Ángel Rubio, revise el pedido del Ministerio Fiscal que acusa de responsable a Óscar Ayerve por el presunto delito de subrogación de poderes como presidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filanbanco y supuesta falsificación de documentos.
 
Carrera dijo que la demanda que pesa sobre Ayerve tiene un trasfondo económico y político, que busca perseguir a quien, a su juicio, defiende a los acreedores de Filanbanco, por lo que el jurista rechazó que el imputado haya cometido delito alguno una vez que -dijo- existe un documento debidamente notariado en el que se certifica la legalidad de la Junta de Acreedores del banco cerrado.
 
El abogado dijo que en la Notaría Tercera de Quito se legalizó el documento con el que se certifica la legalidad de la Junta de Acreedores, y que también había otra constancia de esto en el registro del Ministerio del Bienestar Social, con lo que según Carrera se elimina cualquier responsabilidad de delito de Ayerve.  Sin embargo, añadió que estos documentos han desaparecido.
 
"Los responsables ustedes los conocen y ahí está involucrado el tema del vuelto que está en medio de ese problema", dijo el jurista.
 
El "vuelto" al que se refiere carrera es el que reclaman los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, antiguos propietarios de Filanbanco y cuya cartera asciende a 148 millones de dólares y que debe ser cobrada el 50% por la empresa mexicana Thesis, mientras que el monto restante por la panameña Gómez, Giraldo & Asociados.