Médicos y mineros en huelga y cocaleros en marcha de protesta hacia Lima, forman parte del conflictivo panorama laboral en Perú, que alcanzó su punto dramático el lunes, con el linchamiento de un alcalde en un remoto poblado aymara del sudeste del país.

Las manifestaciones por reclamos regionales y salariales ponen en jaque al presidente Alejandro Toledo, así como a las autoridades municipales cuestionadas por sus electores.    El clímax de este complicado panorama se  vivió en la población de Ilave, donde unos diez mil indígenas aymara secuestraron y lincharon al alcalde Cirilo Robles, a quien acusaban de cometer actos de  corrupción y de incumplir una serie de promesas. Ayer, unos 800 pobladores de Tilali, también al sudeste, retuvieron a cinco concejales y el alcalde renunció por temor.

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“Lo sucedido en Ilave es un llamado de atención al gobierno para que entienda que si no resuelve los principales problemas del país, las protestas crecerán hasta volverse indetenibles”,  advirtió Mario Huamán, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú.

En Bolivia el panorama para el presidente Carlos Mesa es similar y las gestiones de un grupo de mediadores para evitar la huelga convocada por los sindicatos para el 3 de mayo fracasó, mientras el gobierno hacía esfuerzos ayer para negociar con algunos sectores y restar apoyo a la protesta.

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Los bolivianos exigen reformas a la Ley de Hidrocarburos, sistema jubilatorio y la abolición de reformas liberales en la economía.

En medio, la Iglesia Católica hizo un llamado para evitar acciones intransigentes, fustigó la violencia “abierta o velada” que agrava la crisis del régimen institucional y alertó que las tensiones sociales ponen en riesgo la democracia.