La entidad inició procesos en otras ciudades para conseguir el dominio de áreas que ellos utilizan.
El 7 de abril del 2003, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) pidió la adjudicación de la propiedad de la Primera Zona Aérea, ubicada al norte de Quito y aledaña al aeropuerto Mariscal Sucre, en un proceso similar al de la isla Baltra, en Galápagos, donde la FAE recibió el dominio de 2.542 ha de territorio por parte de un Juzgado de lo Civil.
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La demanda de la FAE, por la propiedad de las 24,46 hectáreas de la I Zona Aérea, se tramita en el Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha. A la semana de que se presentó la querella, el 15 de abril del año pasado, el juez Raúl Mariño Hernández dictó una providencia solicitando a la FAE el nombre del demandado y para ello fijó un plazo de tres días.
La FAE no procedió con ese pedido y desde entonces no se dieron más diligencias en este proceso, cuyo número de trámite es 0311. Sin embargo, en junio (dos meses después) entabló la querella por la posesión de Baltra.
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En el proceso de esa isla, el juez Segundo de lo Civil de Galápagos, Teófilo García, no consideró el hecho de que la FAE no hubiera precisado al demandado, el caso siguió y García le concedió la propiedad total de la isla.
La semana pasada, en Puerto Ayora, el comandante de la FAE, Ángel Córdova, aceptó que se revierta el proceso, conforme lo solicitaron el Municipio y el Instituto Nacional Galápagos. El departamento legal de la FAE analiza la forma en que se procederá al respecto.
De acuerdo con documentos que constan en el proceso 0311 (presentados por la misma FAE), las tierras donde funciona la I Zona Aérea son del “Gobierno del Ecuador”, según los certificados del Registro de la Propiedad de Quito, pues algunos fueron comprados y otros tantos expropiados entre 1940 y 1964.
“Si quisiera la FAE adueñarse de lo que es la base aérea tendría que demandar al Estado ecuatoriano”, explicó el ex canciller Édgar Terán.
En el caso de Baltra y en el de Quito, la FAE argumentó la aplicación del artículo 64-a de la Ley Trole 2, que se promulgó en el 2000.
Ahí se indica que los bienes inmuebles que estén en propiedad de buena fe de las instituciones del Estado por más de cinco años, “serán inscritos a nombre de dichas instituciones y pasarán por mandato de la ley a ser propiedad de la posesionaria”.
El doctor Cristian Naranjo, quien representa a la FAE en estos casos, aduce en las dos demandas (Baltra y la I Zona Aérea) que esta rama de las Fuerzas Armadas ocupa esos terrenos como “amo y señor durante más de 40 años.
Para demostrarlo, la FAE aduce que cuando la Dirección de Aviación Civil donó todos los terrenos del aeropuerto Mariscal Sucre al Municipio de Quito, el acuerdo no incluyó dicha base militar.
Desde que el general Ángel Córdova Carrera asumió la Comandancia de la FAE, el 15 de enero del 2003, su política ha sido legalizar la propiedad de los bienes de la institución, como él mismo lo reconoció el 15 de abril pasado en una entrevista con este Diario.
PISTAS
FUERA DE LA DAC
La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) dejó de intervenir activamente en la Dirección de Aviación Civil (DAC) a partir del año 2000, cuando el organismo que rige las políticas de aviación pasó a depender de la Presidencia de la República.
ÁREAS DE PISTAS
A partir de esta separación de actividades, dispuesta en la Ley Trole 2 y reformada en la Trole 3, la Dirección de Aviación Civil pasó a controlar las pistas de carácter civil, mientras que la FAE continúa con la administración de las pistas militares.
FONDOS COMPARTIDOS
En aeropuertos como el de Latacunga, en Cotopaxi, hubo aportes económicos de la DAC y de la FAE para la construcción de las instalaciones, lo que provoca inconvenientes. Otro aeropuerto que tiene ese mismo problema es el de Salinas, en la provincia del Guayas.