Mantilla determinó el miércoles pasado que los 20 policías que el 19 de noviembre del 2003 incursionaron en la farmacia de Fybeca de la Alborada, supuestamente para frustrar un asalto, “cumplieron su deber ante un delito flagrante de robo”.

Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, respaldó el veredicto de Mantilla.

“En la situación que ellos (los gendarmes) estaban, tuvieron que reaccionar y no hubo un abuso de autoridad, sino un enfrentamiento entre policías y ladrones”, acotó Carló.

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Lamentó, además, la muerte de dos inocentes, “pero no se debe olvidar que (los demás) eran delincuentes”, agregó.

Según Alexis Ponce, de la Asociación Permanente de los Derechos Humanos, el dictamen de Mantilla “ejemplifica que vivimos en un país de Ripley”. “Consideramos que se ha consolidado la impunidad en el país, y la vulnerabilidad ciudadana frente a las instituciones estatales”, acotó.

La opinión fue compartida por Billy Navarrete, coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. “Estamos escandalizados por la opinión del fiscal de la Policía, que permite que este caso quede en el limbo del misterio”, declaró. “Están borrando con el codo lo que Marcelo Vega (Inspector General de la Policía) y la Veeduría (de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción) hicieron con la mano”, concluyó.

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Edmundo René Bodero, uno de los integrantes de la veeduría de la CCCC por el caso Fybeca, prefirió no emitir opinión al respecto.

El informe emitido por dicha veeduría afirmó que en el caso Fybeca hubo “ejecuciones extrajudiciales”.

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