La gerenta dijo que no saldrá del país y mantiene el argumento que el pago a González fue legal.
El juez 4º de lo Penal de Pichincha, Vicente Altamirano, decidió ayer iniciar un juicio penal por supuesto peculado (mal uso de fondos públicos) en contra de la gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, y del abogado de coactivas de la entidad, Bolívar González.
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Sin embargo, no acogió el pedido de la Fiscalía para que se ordene la prisión preventiva de ambos funcionarios.
Salgado y González fueron acusados por el fiscal de la Unidad de Investigaciones Financieras del Ministerio Público, Jorge Cano, del delito de malversación de fondos públicos (peculado), por las supuestas irregularidades cometidas en el pago de honorarios a González.
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En su providencia, el juez ordenó la prohibición de enajenar los bienes de los acusados, para garantizar la comparecencia de los mismos al proceso y el pago de presuntos daños y perjuicios. Los funcionarios tampoco podrán salir del país.
Estas medidas pueden ser adoptadas, según los artículos 159 y 191 del Código de Procedimiento Penal –que invocó el juez–, cuando se encuentran reunidos los mismos requisitos para dictar la prisión preventiva.
Héctor Noboa, abogado de Salgado, aseveró que durante el trámite de la instrucción fiscal, que demora 90 días, demostrará que Salgado es inocente. Sin embargo, el proceso ahora cae en un ambiente de incertidumbre institucional, pues no se conoce aún quién –si el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, o el presidente del directorio de la AGD y ministro de Economía, Mauricio Pozo– asumirá la decisión de despedir o ratificar a Salgado.
Lo único claro –por sus declaraciones públicas– es que a ninguno le gusta la idea de mantener a la gerenta.
“Hay un exceso de palabras; una falta de respeto absoluta... acataremos las disposiciones que nos dé el Presidente de la República”, dijo Pozo.
Pero el Presidente de la República le endosó la responsabilidad al directorio. “Insisto... voy a reunirme con el directorio de la AGD para que sean ellos los que me recomienden cuál será la decisión más adecuada”, enfatizó Gutiérrez.
El Jefe de Estado, entre las 07h45 y las 09h00, intervino en radio Católica. Allí dijo que “no está en contra” de Salgado. Pero ante el rumor –que se difundió en la mañana– de que ya existía una orden de prisión, la reacción inmediata de Gutiérrez fue que se debe buscar un reemplazo a Salgado, “porque no puede estar en dos lados, como gerenta y en la prisión”.
Ayer en Guayaquil, la gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, dijo que no saldrá del país y que acatará la decisión del juez Cuarto de lo Penal de Pichincha, que le prohibió enajenar los bienes.
“La prohibición de enajenar bienes no me limita”, añadió.
EL PROCESO
ACUSACIÓN
La Fiscalía responsabilizó a la gerenta de la AGD, Wilma Salgado, y al abogado de coactivas de la entidad, Bolívar González, del delito de peculado, generado en el pago de honorarios a González.
SANCIÓN
El delito de peculado, contenido en el artículo 257 del Código Penal y que según la Constitución no prescribe con el paso del tiempo, establece una pena de reclusión mayor extraordinaria de cuatro a ocho años de prisión. Sin embargo, no se deja claro si la funcionaria debe dejar el cargo.
JUICIO
Salgado también enfrenta un juicio civil por el presunto delito de daños morales, planteado por el ex mandatario, Gustavo Noboa. El proceso se encuentra en el Juzgado 12º de lo Penal de Pichincha.
ACCIÓN LEGAL
La presidenta del Consejo Nacional de Competitividad, Joyce de Ginatta, anunció una acción legal en contra de Wilma Salgado. Dijo que sus abogados analizan declaraciones de Salgado en las que la acusa de una supuesta protección política a personas, entre ellas familiares, que tienen deudas con la banca cerrada.