El gobierno comunista chino ha decidido cambiar la Constitución nacional para consagrar en ella el principio básico del capitalismo: el derecho a la propiedad privada. Será la primera vez que se reconoce ese derecho en China desde la revolución de 1949 que llevó a los comunistas al poder.

El Parlamento chino se reunirá en una sesión anual el viernes próximo para avalar el cambio constitucional, ya aprobado por el Partido Comunista (PC), que dispone la privatización como la mejor medida para continuar la revolución económica del país y ayudar a las decenas de millones de chinos pobres.

El cambio pondrá el sistema legal chino de acuerdo con sus ambiciones económicas, al proporcionar una garantía constitucional para los empresarios, que fueron otrora calificados de enemigos del comunismo, pero ahora son considerados figuras clave en la creación de riquezas y puestos de trabajo.

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Dado que los negocios privados han desempeñado un papel cada vez más importante en la economía china, su demanda de protección legítima también ha aumentado, dijo Wang Hongling, del Instituto de Economía de la Academia China de Ciencias Sociales, una institución oficial.

La enmienda ofrecerá a los hombres de negocios privados las garantías para sus propiedades.

El cambio habría sido inconcebible para muchos de los revolucionarios que lucharon bajo Mao Tsetung contra el sistema económico tradicional de china. La palabra china para   comunismo significa literalmente   ideología de la propiedad compartida.

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El Congreso Nacional Popular, que generalmente avala los dictados de la jefatura del partido, codificará los cambios que ya han resultado aparentes en la actual directiva de Beijing.

Indica una cierta victoria para aquellos que creen que el estado debe respetar más la propiedad privada, dijo Donald C. Clark, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Washington en Seattle.   Pero desde un punto legal no creo que cambie mucho.

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El cambio constitucional dispone que   la propiedad privada obtenida por medios legales no debe ser invadida y que deber ser considerada   en pie de igualdad con la propiedad pública.