El proceso iniciado este jueves en Santiago contra  periodistas de una estación de televisión, por el empleo de una cámara oculta  para registrar declaraciones de un juez que visitaba un local de homosexuales,  abrió un nuevo debate en Chile sobre los límites a la libertad de expresión.
 
"Es una ofensa para la democracia y un baldón para la libertad de  expresión", dijo a la AFP el presidente del Colegio de Periodistas, Guillermo  Torres.
 
"Tenemos un compromiso del Gobierno que no se ha cumplido", agregó el  dirigente gremial, al recordar que el director y cuatro periodistas de la  estación Chilevisión fueron encausados por un artículo del Código Penal que las  autoridades se comprometieron hace tres años a derogar.
 
"Es necesario despenalizar los delitos de opinión", insistió Torres, aunque  aclaró que su Orden profesional abrió una investigación en su Tribunal de  Etica, en torno al uso de cámaras ocultas.
 
El editor periodístico de Chilevisión, Alejandro Guillier, fue recluido  este jueves en la prisión de Capuchinos, acusado de infringir el artículo 161  del Código Penal que castiga a quienes graben conversaciones sin autorización  de los afectados.
 
Guillier fue quien dio la orden de emitir la grabación obtenida con una  cámara oculta en el despacho del juez Daniel Calvo, que reconoció no tener  autoridad "moral" para juzgar a los homosexuales.
 
Calvo investigaba a una red de pedofilia, cuando la grabación de video fue  realizada por el administrador de un sauna gay que el juez frecuentaba.
 
La difusión del video, el pasado 5 de noviembre, llevó al juez a denunciar  "un intento de extorsión encubierta", pese a lo cual la Corte Suprema lo  suspendió de su cargo el viernes pasado.
 
La denuncia de extorsión, sin embargo, quedó en manos de la magistrada  Gabriela Pérez, que además de Guillier inculpó al director de la televisora  privada, Jaime de Aguirre, a los periodistas Fernando Reyes, Raúl Poblete y  Patricio Caldichoury y al administrador del sauna gay, Sebastián Rodríguez.
 
"Todo el país tiene un gran respeto por los periodistas y esperamos que  esto tenga una solución adecuada", dijo el presidente Ricardo Lagos, sin  pronunciarse sobre la decisión de la jueza.
 
"Me parece lamentable", señaló en cambio la presidenta de la Cámara de  Diputados Isabel Allende, miembro del Partido Socialista de Lagos.
 
"Prefiero los excesos de la libertad antes que la inhibición y la  autocensura", afirmó por su parte el diputado Esteban Valenzuela, del  oficialista Partido por la Democracia.
 
El juicio a los periodistas coincide con un proyecto que la Cámara de  Diputados aprobó el martes, para proteger la "honra e intimidad de las  personas".
 
La propuesta, que ahora tendrá que debatir el Senado, sanciona el empleo de  "aparatos de escucha, filmación, dispositivos ópticos o cualquier medio que  capte, intercepte y grabe conversaciones y comunicaciones de carácter privado",  así como "la divulgación de hechos relativos a la vida privada".
 
La Asociación Nacional de la Prensa y la Federación de Medios de  Comunicación, que agrupan a los propietarios de periódicos, estaciones de  televisión y radio, advirtió que esta norma representa una amenaza a la libre  expresión.
 
Si la propuesta de la Cámara de Diputados se convierte en ley "va a  constituir el mayor revés en materia de libertad de expresión en el transcurso  del régimen democrático del país", afirmó el presidente de la federación,  Carlos Schaerer.