Un tribunal estatal de Nüremberg emitió ayer órdenes de arresto contra tres ex miembros de la junta militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, al acusarlos de la muerte de dos alemanes durante la represión.
El tribunal distrital de Nüremberg pidió el arresto del ex presidente Jorge Videla, el ex comandante de la Armada Emilio Massera y del general retirado Carlos Guillermo Suárez Mason, por su presunta responsabilidad indirecta en los asesinatos. Es la primera orden internacional que dicta la justicia alemana contra un ex presidente y la acusación –inusual y más grave que la de complicidad– conlleva una pena máxima de cadena perpetua.
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Los militares argentinos son acusados de las muertes de dos estudiantes alemanes durante la dictadura: Klaus Manfred Zieschank, en 1976, y Elisabeth Kaesemann en 1977. Los fiscales estiman que Kaesemann, estudiante de economía que se mezcló en Argentina con un movimiento izquierdista, fue secuestrada en marzo de 1977. Fue detenida y torturada en un centro de detención antes de ser ejecutada sumariamente en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, el 24 de mayo de 1977, dijo el tribunal.
Zieschank viajó a Buenos Aires en 1976 para realizar en la capital argentina una práctica estudiantil. Poco después del golpe militar en marzo de 1976, fue secuestrado, torturado y estrangulado por las fuerzas de seguridad argentinas. La declaración judicial no especificó si se solicitará la extradición de los militares. El tribunal alemán denunció que los ex militares argentinos controlaron un régimen cuyo funcionamiento condujo, como ocurrió, automáticamente al asesinato. “No es relevante si el acusado participó personalmente en casos específicos”, dijo el tribunal.
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En el 2001, Argentina rechazó un pedido de extradición cursado por Alemania contra Suárez Mason en el caso de Kaesemann, por considerar que todos los delitos cometidos en territorio argentino debían ventilarse ante los tribunales del país sudamericano. Al menos 9.000 personas figuran oficialmente en la lista de desaparecidos o muertos durante la llamada “guerra sucia” que libraron los militares contra los izquierdistas y otros adversarios políticos durante la dictadura, pero organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que la cifra es de 30.000.