Cerca de 3.000 mujeres acudirán el 25 de noviembre a Puerto Caicedo, municipio del departamento del Putumayo, en las selvas del sur de Colombia, para solidarizarse con mujeres de esa región y rechazar la guerra y las fumigaciones masivas de cocales.
 
Al mismo tiempo se celebrarán en Madrid y Barcelona movilizaciones de apoyo a los pobladores de esa región colombiana, en la que el principal cultivo es la hoja de coca porque, según las organizadoras de la protesta, no tienen otra alternativa para sobrevivir.
 
La directora de la organización no gubernamental Ruta Pacífica de Mujeres, Luz Marina Gallego, dijo este viernes durante una conferencia de prensa que se trata de "actos políticos" de solidaridad con las mujeres del sur, "que padecen los efectos, con sus familias, de las fumigaciones masivas" con glifosato, y del abandono del Estado.
 
Las 3.000 mujeres llegarán a Puerto Caicedo, un pequeño municipio cerca de la frontera colombiana con Ecuador y Perú, dentro de la "campaña por la desmilitarización y recuperación de la vida civil".
 
Puerto Caicedo dista de la capital del Putumayo, Mocoa, 70 kilómetros y de Bogotá 1.200 kilómetros.
 
Gallego dijo que exigirán además "el cumplimiento de una sentencia" del Tribunal Superior de Cundinamarca, cuya capital es Bogotá, sobre investigaciones para establecer los efectos de las fumigaciones con glifosato sobre la población.
 
Esa sustancia es un herbicida utilizado en la fumigación de los cultivos de la hoja de coca, y la dosis utilizada, que había sido reducida en el anterior Gobierno, fue aumentada hace pocos meses por el ministerio del Medio Ambiente, hoy del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
 
Insistió en la suspensión de ese procedimiento para erradicar los cocales y pidió recurrir a sistemas "no violentos" para acabar con las plantaciones ilegales que, reconoció, han causado mucho daño a los pobladores de esa región, con "consecuencias nefastas" para las mujeres.
 
Consideró que es necesario una instancia de control nacional e internacional que haga el seguimiento de la erradicación y reclamó del Estado la creación de proyectos alternativos y específicos para las mujeres del Putumayo.
 
Por su parte la directora de Iniciativas de Mujeres Colombianas por la Paz, Leonora Castaño, aseveró que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe "rompió todos los acuerdos" hechos con las comunidades del Putumayo para acabar con las siembras ilegales de manera manual.
 
"Aunque en este Gobierno no es viable suspender las fumigaciones", manifestó, "hay que continuar insistiendo en ello" porque está significando un precio muy alto para la población y porque la política gubernamental tiene "un gran impacto en el país y en otra naciones andinas".
 
"Estamos de acuerdo con la erradicación de los cultivos de uso ilícito, pero no con las fumigaciones, y para ello proponemos una política antinarcóticos que considere la participación de la mujer", señalaron las organizadoras de la jornada en un documento.
 
En este recuerdan que ellas "han sido quienes más han participado en propuestas alternativas de sustitución" e insisten en que se "implementen políticas sociales y no militares".
 
Putumayo es un de los departamentos más pobres del país, pese a tener petróleo, con una amplia presencia de miembros de organizaciones armadas ilegales, que se disputan el territorio.
 
Su índice de necesidades básicas insatisfechas, que para Colombia es de un 37,6 por ciento en promedio, llega a un 79 por ciento en esa región selvática, a la que han ido a buscar algún futuro millares de desplazados "por la quiebra de la agricultora", según señaló María Eugenia Sánchez, de Casa de la Mujer.
 
La jornada es respaldada por varias organizaciones no gubernamentales del exterior.