Consiste en la promesa que hace el medio de comunicación de que no revelará el nombre de las personas que lo provean de información sobre hechos importantes, para evitar que sufran represalias personales.
La Constitución actual garantiza el derecho de los periodistas a conservar esa información en secreto.
El derecho a la reserva de la fuente está consagrado, entonces, como garantía constitucional.
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No debería, por tanto, la función Ejecutiva, exigirle a diario El Comercio que viole esa garantía sustancial de la prensa; de imponerse la voluntad del Ejecutivo, tendríamos que preguntarnos qué le espera a la libertad de estar informados en el Ecuador.
De allí nuestra postura en defensa de un principio consagrado internacionalmente. La Declaración de Chapultepec, recientemente ratificada por el primer Mandatario, expresamente señala: “No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”.
El Gobierno tiene a su alcance otros medios que sí son legítimos para demostrar que cualquier acusación en su contra sea falsa: podría comenzar mostrando a la luz pública toda la información sobre cada tema en debate.
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En cambio, el método de modificar las versiones oficiales una y otra vez, hasta el punto de que se vuelven inevitables las suspicacias, para luego amenazar a un medio de comunicación de gran prestigio, solo contribuye a deteriorar gravemente la estabilidad política y la libertad de prensa en el país.
