La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras rechazó este jueves un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley Antimaras (antipandillas) aprobada por el Congreso en agosto pasado, informaron fuentes judiciales.
La resolución de la Sala de lo Constitucional establece que los cinco magistrados "declaran sin lugar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Cofadeh (Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras), por no estar legitimado (el organismo) para presentarlo".
Publicidad
El recurso fue interpuesto ante la CSJ el pasado 22 de septiembre por la coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, quien pedía que se declarara inconstitucional la reforma del artículo 232 del Código Penal aprobada el 7 de agosto por el Congreso a solicitud del presidente Ricardo Maduro.
La reforma, conocida como "Ley Antimaras" establece que "se sancionará con penas de 8 a 12 años de cárcel y multas de 10.000 a 200.000 lempiras (de 574 a 11.500 dólares) a las personas que formen parte de esas asociaciones ilícitas".
Publicidad
Honduras se ha visto afectada por una ola de robos y crímenes atribuidos a los jóvenes de las llamadas Mara 18 (M-18) y Mara Salvatrucha (MS).
A través de la reforma, las autoridades del Ministerio de Seguridad han emprendido una cacería de jóvenes que tengan características de pandilleros.
Según las autoridades, más de 400 jóvenes han sido arrestados durante los operativos emprendidos en Tegucigalpa, San Pedro Sula (norte), Choluteca (sur) y otras ciudades del país.
Según Oliva, la reforma penal afecta "los derechos a la inviolabilidad de morada" porque, al amparo de la ley, si en una casa hay un pandillero y hay diez personas más "entran a la casa policías encapuchados, le ponen (la) pistola, someten a la gente que está dentro de la casa y a fuerza de terror se llevan al que se oponga".
Oliva había denunciado que luego de haber presentado el recurso empezó a recibir llamadas telefónicas anónimas que la amenazan con asesinar a su hija de 12 años.
Por su parte, el comisionado gubernamental de Derechos Humanos, Ramón Custodio, ha denunciado que la Ley Antimaras viola las garantías individuales porque "cualquier joven puede ser arrestado por el simple hecho de andar con un tatuaje", una de las características de los pandilleros.