La Contraloría General del Estado informó ayer, en un comunicado de prensa, que efectivamente se está realizando una revisión de las declaraciones de bienes presentadas por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eduardo Brito Mieles, pero aseguró que solo se trata de un trámite regular y no de una investigación por presuntas irregularidades.
Diario El Comercio publicó ayer que el magistrado no incluyó sus cuentas bancarias en la declaración de bienes presentada el 12 de julio del 2002, y que recién el 1 de agosto pasado reveló sus inversiones y la existencia de tres cuentas, una de ellas en el Lloyds Bank, y una tarjeta de crédito.
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Brito Mieles aseveró que no cometió ninguna irregularidad, pues sus propiedades fueron adquiridas antes de ingresar a la Función Judicial. Aclaró que ya cumplió con la única observación que le solicitó la Contraloría el 2 de junio pasado.
Esa institución pidió a Brito que incluyera en su declaración las fechas de la inscripción de su departamento de Guayaquil y de su terreno en Sangolquí.
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El contralor (e), Genaro Peña, no descartó la posibilidad de emprender un examen especial de las declaraciones del magistrado, de encontrarse alguna irregularidad, pero ello depende de los resultados de la revisión preliminar de los documentos.
Peña no especificó cuántas declaraciones de bienes ha presentado el magistrado de la CSJ, pero añadió que a Brito se le solicitó presentar una declaración nueva o rectificadora, que cumpla con las normas legales.
Según el magistrado, esta ya fue entregada y afirmó que el 30 de junio pasado ese documento fue ingresado a la base de datos de ese organismo.
El funcionario encargado de la entidad de Control aseguró que si no existe seriedad, responsabilidad y detenimiento en la elaboración de la declaración patrimonial se corre el riesgo de incurrir en el delito de perjurio, que es faltar a la verdad bajo juramento, cuya irregularidad tendrá que ser analizada por la justicia. “Si hubo olvido, eso lo deberá calificar el juez”, dijo.
Peña insistió en que los magistrados, jueces y servidores públicos de alto rango, deben presentar sus declaraciones de bienes al inicio y final de su gestión.