Resulta imposible pensar en el movimiento indígena mexicano como un colectivo unificado a la manera de Conaie en Ecuador.
México es un país de gran diversidad cultural, con 62 grupos étnicos distribuidos en una geografía que prepondera la regionalización social y económica.
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El EZLN representa la cabeza visible de un movimiento social aglutinador de las reivindicaciones de la mayoría de organizaciones indígenas del país, aunque no la única expresión social de descontento. El neozapatismo incursiona a partir de 1994 en un ambiente de tendencia neoliberal; tiene como principal efecto convertirse en referente imprescindible de los movimientos indígenas regionales. El EZLN tuvo eco desde sus inicios en organizaciones nacionales como el Congreso Nacional Indígena-CNI o la Asociación Nacional Indígena Plural Por la Autonomía-Anipa. El EZLN se construye sobre la base de antiguas reivindicaciones campesinas de corte colectivista presentes en el sudeste mexicano; reivindica lo considerado “indígena” como un emblema legitimador de la lucha por el cambio político y la transformación del orden socioeconómico. A través de la construcción colectiva del liderazgo, busca cambiar la praxis política tradicional. Los movimientos indígenas en México rechazan la democracia tradicional acusada de beneficiar liderazgos basados en el poder económico y el olvido de grandes colectivos y minorías sociales.
La trayectoria reciente del movimiento indígena en Ecuador es algo distinta. La Conaie y otras organizaciones trabajan a la luz del día sin el signo de la organización secreta o el grupo armado. Se reconoce una ventaja histórica en los indígenas ecuatorianos: la capacidad de crear etnicidad a través de generar amplia convocatoria (sindicatos, movimientos, ONG) en torno de sus demandas. En contraste, el movimiento indígena mexicano aparece dividido, signado por un excesivo discurso étnico-regional que dificulta la integración organizativa y la posibilidad de acuerdos con fuerzas políticas no-indígenas. A raíz del rechazo a la propuesta de Ley Indígena ocurrido en 2002, el movimiento indígena mexicano y sus organizaciones entran en una etapa de crisis. En julio del 2003 reaparece el EZLN con la creación autónoma de Juntas de Buen Gobierno, iniciativa que plasma la reivindicación autonómica inspirada en la necesidad de reconocimiento jurídico de los pueblos indios. Por medio de las Juntas de Buen Gobierno o Caracoles se busca ampliar los mecanismos tradicionales-indígenas considerados legítimos para la designación de poderes locales. En contraste con las “autonomías de hecho” mexicanas, la estrategia de acción del movimiento indígena ecuatoriano se trazó de una forma más cercana al poder formal. Desde 1996, la Conaie acudió a la figura del partido político (Pachakutik) a fin de formalizar la competencia por el poder político; como efecto de esta estrategia numerosos líderes indígenas alcanzaron poderes locales. A partir de esta experiencia, la Conaie parece abandonar la idea de autonomía indígena, proyecto que ocupó su agenda durante gran parte de los 90. En México, las Juntas de Buen Gobierno llegan en una coyuntura política compleja: a la mitad del periodo presidencial de Vicente Fox, con la supresión del Instituto Nacional Indigenista-INI (órgano rector de la política oficial para indígenas), en medio de denuncias por elevada mortalidad infantil y abandono gubernamental de regiones indígenas en Chiapas.
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Los debates en torno de “las autonomías de hecho”, constituirán el escenario ideal para observar la concreción definitiva del movimiento indígena mexicano o su entrada en una espiral que beneficie su segmentación y obstaculice su definición como actor social preponderante del siglo XXI.