El delegado de la Defensoría del Pueblo denuncia que “no hay medicinas en este centro de detención, no hay medidas de primeros auxilios y [los reclusos] necesitan atención”.
La prensa tiene prohibido ingresar al penal para informar de lo que está ocurriendo, porque así lo habría dispuesto la Dirección Nacional de Cárceles, con el argumento de que no existen seguridades en su interior.
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¿Cómo debemos interpretar esta explicación? ¿Acaso implica que las autoridades carcelarias han perdido el control de dicho establecimiento? Pero entonces, ¿cuáles son las medidas dispuestas para recuperarlo? ¿Y cómo se explica que algunos familiares desesperados sí puedan ingresar –para averiguar sobre sus parientes–, pagando entre 5 y 8 dólares a determinados guardias.
El penal de Guayaquil en los últimos años se convirtió en un infierno entre rejas; preocuparía mucho si además alguien estuviese tratando de ocultar los horrores que tienen lugar en su interior denunciados por la Defensoría del Pueblo.
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El Gobierno, las autoridades locales y los organismos de derechos humanos, deberán impedir semejante atropello.