Un importante miembro del organismo decisorio del gobierno de Hong Kong renunció el domingo en medio de una disputa por una nueva ley antisubversiva, informó un comunicado del partido oficial.
James Tien, líder del Partido Liberal, renunció como asesor del Consejo Ejecutivo, que es de hecho como el gabinete de Hong Kong.
Tien, cuyo Partido Liberal tiene ocho escaños en la legislatura de 60, dijo que deseaba que el gobierno demorara la aprobación de la iniciativa que para muchos va en contra de las libertades de expresión, prensa y asociación. Parecía que el proyecto de ley sería aprobado el miércoles, pero la medida de Tien lo ha puesto en duda.
Un comunicado del partido dijo que Tien presentó su renuncia ante el gobierno presidido por el jefe ejecutivo Tung Chee-hwa. No se sabe si su renuncia ha sido aceptada.
Unas 500.000 personas marcharon el martes para protestar contra la iniciativa, en el sexto aniversario de la devolución de Hong Kong a China.
El líder de la Iglesia católica en Hong Kong, el obispo Joseph Zen, crítico manifiesto de la iniciativa, también objetó una aprobación rápida.
Por su parte, Regina IP, secretaria de seguridad, dijo que la iniciativa anti-subversión no socavaría la libertad religiosa u otras libertades.
Sinceramente creemos que hemos hecho lo posible por calmar los temores del público y esperamos que éste apoyará la aprobación de la propuesta para el miércoles, agregó.
Pekín dio su apoyo el domingo al gobierno de Tung, señalando que la legislatura de Hong Kong y el público deberían apoyar la aprobación de la iniciativa. La ley de seguridad nacional es un requisito exigido por la constitución de Hong Kong.
La promulgación de la ley es la responsabilidad solemne del pueblo de Hong Kong, dijo un vocero del Congreso Nacional del Pueblo, la legislatura china, según la agencia oficial de noticias Xinhua.
El sábado, Tung dijo que retiraría una provisión que permite que algunos grupos sean proscritos, que agregaría salvaguardas para periodistas que publiquen información confidencial y que desecharía otra provisión que habría permitido a la policía realizar cateos sin órdenes judiciales.
Sin embargo, legisladores y algunos representantes de periodistas dicen aún que el proyecto de ley no ofrece suficiente protección a los medios.