Las medidas de seguridad que promulgó el presidente Álvaro Uribe exacerbaron un ciclo de creciente violencia política en Colombia, donde una nueva ley reducirá aún más las posibilidades legales de investigar abusos a los derechos humanos, afirmó el miércoles Amnistía Internacional (AI).
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Al presentar en Madrid y en otras capitales, su informe anual, los máximos responsables españoles de la organización de defensa de los derechos humanos subrayaron la situación "de deterioro" imperante en Colombia, "que está sufriendo los mayores efectos" de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
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"El gobierno colombiano está poniendo en marcha una serie de medidas que probablemente exacerbarán el problema ya grave de la impunidad" en esa nación andina, afirma AI en una nota de actualización de su informe con los hechos destacables de 2003.
"En la práctica -afirma- el decreto 128 que el gobierno colombiano promulgó en enero, le permitirá amnistiar o indultar a miembros de la guerrilla o de grupos paramilitares acusados de violaciones de los derechos humanos", sostiene Amnistía, cuya sede funciona en Londres.
Advierte que en breve el gobierno de Uribe presentará un proyecto de ley que confiere "atribuciones judiciales permanentes a las Fuerzas Armadas" lo que "perjudicaría gravemente la protección de los derechos humanos (pues) reducirá la posibilidad de investigar exhaustiva e imparcialmente" las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad.
En 2002 en Colombia se registró un "deterioro pronunciado" de los derechos humanos, en particular luego del fracaso de las conversaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Más de 500 personas desaparecieron y más de 4.000 civiles fueron asesinados por motivos políticos, denuncia la entidad humanitaria.
La violencia reinante provocó el desplazamiento de más de 350.000 civiles. Más de 2.700 personas fueron secuestradas, 1.500 de las cuales fueron capturadas por las guerrillas de izquierda o los paramilitares de ultraderecha, según el informe.
"La población civil siguió siendo la principal víctima de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el ejército, sus aliados paramilitares y los grupos armados de la oposición", afirma el documento, que cita como ejemplo el atentado contra el club bogotano El Nogal, que en febrero dejó 36 muertos y 170 heridos.
"El gobierno aumentó la implicación de la población civil en el conflicto mediante la creación de una red de un millón de informantes", dice AI.
En 2002 y lo que va de 2003, Colombia fue escenario de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, casos de tortura y malos tratos, y es el único país contemplado en el informe de Amnistía Internacional como aquel en el que grupos armados de la oposición cometieron graves abusos contra los derechos humanos.