El gobierno cubano, como cualquier otro, tiene el derecho y la obligación de proteger a sus ciudadanos, además de velar por el orden y la seguridad en su país; para tal fin, medidas enérgicas son necesarias e indispensables. Pero a todas luces parece exagerada la decisión de quitarles la vida a personas que, en su desesperación por emigrar, recurren a métodos equivocados. En América Latina hay suficiente experiencia para comprender que los emigrantes ilegales son el reflejo de un problema social muy profundo, que no podrá ser resuelto con medidas policiales.

Otra manifestación de intolerancia política se produjo en Cuba estos mismos días cuando 75 opositores al régimen fueron condenados a largas cadenas de prisión.

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Llama la atención que estos sucesos ocurriesen cuando la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se dispone a votar una nueva resolución sobre derechos humanos en Cuba, como si el régimen de ese país hubiese querido enviar alguna clase de mensaje con actos tan repudiables.

Conductas así son intolerables y el pueblo cubano sabrá censurarlas en su debida ocasión.