En el Litoral, ahora se reclama la aplicación de todo cuanto hizo conocer, hace tres años, el censo del magisterio fiscal.
Se intuía que numerosos profesores sin cumplir con los trámites respectivos, habían abandonado su trabajo. Se temía que hubiera cobros de sueldos correspondientes a personas que no asistían a sus establecimientos originales. También convenía conocer las necesidades más importantes en distribución de educadores por zonas que así lo requerían, mientras había, por otros lugares, excedente de profesores y horarios mal organizados.
Poco es lo que se ha entregado al conocimiento público sobre la aplicación de lo que puso en claro el censo. Sus datos deben dar, ya, al magisterio fiscal y sus responsabilidades, una base segura para garantizar mejoras en el servicio educativo.
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Por lo pronto, desde la comisión respectiva, debe comunicarse en qué estado se encuentran los reemplazos de quienes no se han desempeñado con la asistencia suficiente en sus cargos.
Las partidas presupuestarias de los colegios fiscales se emplearían mejor si trabajaran con suficientes profesores titulares que cumplan a satisfacción sus obligaciones de asistencia. No será necesario contratar tantos profesores para dictado de clases si los presupuestos y las partidas oficiales corresponden a un cuerpo de profesores en completas funciones.
