El Tribunal Supremo español declaró este lunes ilegal al partido vasco radical Batasuna, brazo político de la organización separatista armada vasca ETA, lo que contituye la primera vez que un partido político es disuelto en los 25 años de democracia en España.
Con su dictamen, el Tribunal Supremo dio curso a dos pedidos de ilegalización de Batasuna formulados en septiembre pasado por el Gobierno español y la Fiscalía General del Estado.
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Los 16 magistrados de la sala especial del Tribunal Supremo decidieron por unanimidad "estimar íntegramente las demandas interpuestas por el ministerio fiscal y por el abogado del Estado y, en consecuencia, se declara la ilegalidad de dichas formaciones políticas, esto es Herri Batasuna (HB), Euskal Herritarrok (EH) y Batasuna", afirmó en rueda de prensa el presidente del alto tribunal, Francisco Hernando.
La defensa de Batasuna, citada por el diario vasco Gara en su sitio internet, indicó que para pronunciarse esperará a conocer el contenido completo de la resolución del Tribunal Supremo.
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No obstante, indicó que tiene la "clara intención de agotar la vía estatal", es decir recurrir al Tribunal Constitucional, para luego poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo (Francia).
La ilegalización de Batasuna supone su disolución como partido y por lo tanto su imposibilidad para presentarse en las elecciones municipales y regionales del 25 de mayo próximo.
"Como consecuencia de la declaración de ilegalidad, se declara también la liquidación, la disolución de esas formaciones políticas y su cancelación en el registro de partidos políticos del ministerio del Interior", añadió Hernando.
La decisión del Tribunal Supremo entiende que Batasuna, EH y HB vulneraron la Ley de Partidos Políticos, que en junio de 2002 aprobaron los diputados españoles y que permite la ilegalización de partidos que apoyen activa o tácitamente el terrorismo.
La sentencia completa del Tribunal Supremo, que será publicada "en los próximos días", se conoció al cabo de cuatro días de deliberaciones. El Supremo tenía 20 días para pronunciarse, plazo que además podía ser prolongado.
El presidente del Tribunal Supremo español aseguró que "en toda la tramitación de estos procedimientos se han observado todas la garantías" que estipula la Constitución y la legislación española.
Inmediatamente después de conocerse la decisión del Tribunal Supremo, el presidente del gobierno español, José María Aznar, expresó su satisfacción por el hecho de que "los terroristas no podrán marcar las reglas del juego ni en España ni fuera de España", al hablar en unas jornadas económicas en Madrid.
"Hoy es un gran día para la democracia en España y la lucha antiterrorista", aseguró a la prensa el ministro del Interior español, Angel Acebes, apenas 15 minutos después de conocerse públicamente la decisión del Tribunal Supremo.