Uno de los líderes de la oposición al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue detenido esta madrugada por presuntos miembros de la Policía política, después de que un juez ordenó su arresto, así como el de un líder sindical, por rebelión civil y traición a la patria.
Carlos Fernández, presidente de la mayor organización empresarial del país (Fedecámaras), fue detenido cuando salía de un restaurante en el este de Caracas, según narraron a medios locales testigos del hecho.
Algunos contaron que los presuntos policías hicieron varios disparos cuando algunas personas trataron de evitar que el líder empresarial, al que el gobierno califica de "golpista", fuera arrestado.
Fernández fue uno de los promotores de un "paro cívico" contra Chávez para presionarlo a que renunciara y fueran convocadas elecciones tempranas en el país, y que se prolongó desde el 2 de diciembre hasta principios de febrero.
Otra orden de privación de libertad fue expedida contra Carlos Ortega, el presidente de la mayor organización sindical del país, quien también fue uno de los promotores del paro antigubernamental que el gobierno calificó de sabotaje.
El juez Maikel José Moreno dijo que ordenó la privación de libertad contra Fernández y Ortega a fin de que comparezcan ante un tribunal "para que debatan sobre los delitos imputados por el ministerio público".
En una entrevista televisiva, Moreno precisó que ambos enfrentan cargos de traición a la patria, rebelión civil, instigación a delinquir, agavillamiento y devastación.
Moreno no dijo dónde estaba detenido el empresario, mientras medios locales especulaban que se encontraba en la sede de la policía política (Disip).
Chávez, quien lleva cuatro años en el poder tras ganar en unas elecciones, llamó recientemente a los jueces del país a hacer justicia y ha pedido cárcel contra los "golpistas", "terroristas" y "saboteadores" que promovieron el paro y que tuvo su mayor impacto en el vital sector petrolero del quinto exportador mundial de crudo.
Líderes de la oposición dijeron que la detención de Fernández, con quien sus abogados no han tenido comunicación alguna, fue arbitraria y denunciaron que se trata de un nuevo intento del gobierno de intimidar a sus adversarios.
"Es una provocación", dijo Rafael Alfonzo, uno de los miembros de la oposición en una mesa de negociaciones con el gobierno auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para buscar una salida al conflicto político que azota al país sudamericano.