Los afectados merecen atención en el sentido de que están bajo incesante estudio del Servicio de Rentas Internas, pero no se aplican las medidas elementales de protección para productores y comerciantes nacionales.
Nuestro país cuenta con caminos fronterizos que carecen de efectivos controles. Ni siquiera influye el hecho de que más del 60% de productos peruanos que entran al Ecuador es resultado de un intenso contrabando.
De cada diez prendas de ropa que están en venta en el país, siete proceden del contrabando. Dos vías lo alimentan, desde Colombia y Perú.
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Debe tomarse en cuenta el vacío que identifica la vigilancia de carreteras por los sectores que son empleados para los ingresos ilegales. Los costos de los aforos necesitan revisión. No se sabe si está vigente algún registro único de importadores. Ni si hay un control de cómputo para el volumen de mercadería que ingresa, circula y se convierte en negocio por nuestros mercados de ropa, artesanías y víveres.
La protesta de los ecuatorianos debe despertar en la vigilancia oficial una toma de conciencia sobre las pérdidas que siguen perjudicando los intereses económicos del fisco. Esto se ha hecho notar tantas veces que suena a redundancia.
Los misterios de controles fronterizos defectuosos no merecen la contemplación que los mantiene intocables.
